Corrijamos lo malo

En el curso de cualquier actividad es necesario hacer altos en el camino para analizar y comprobar si lo recorrido ha dejado frutos y cumple los objetivos trazados.
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En el terreno social, existe una vinculación entre la formación educativa y hogareña con los índices de delincuencia. La ausencia de los padres debido a su migración y otros factores anula o debilita su colaboración al trabajo de aulas. La falta de orientación familiar y los cambios que no se producen en el área docente con una eficaz reforma, estructurada por educadores experimentados y sinergia vocacional, imposibilitan resultados convincentes. La burocracia gubernativa excluye a elementos que no pertenecen al sector afín, quienes de ser llamados, aportarían mucho para una planificación mejor, más incluyente, devolviéndole al maestro su posición hoy menguada, escasa de incentivos y sujeta a incumplimientos de sus derechos salariales y de gremio. Además, es apremiante rescatar las escuelas maltrechas en todos los rumbos del país y no solo pregonar proyectos de gran envergadura.

En la balanza educativa, los platillos deben tener equilibrio; en uno está bien que acumulen computadoras y tecnología, pero tenemos que colocar, en el otro platillo, componentes necesarios para el futuro profesional, como son el hábito de la lectura, la ortografía, cultura general y los valores. El estancamiento en las notas evaluativas de la PAES y el desconocimiento del estudiante de temas simples en entrevistas de calle confirman esas deficiencias.

Un buen ejemplo de rectificaciones, de darle eficacia a trabajos dejados a medias, es la aprobación de una nueva Ley Especial de Adopciones, estudiada y consensuada por la Comisión de Familia de la Asamblea Legislativa, en sustitución de una ley que regía desde 1950 (hace 66 años), la cual puso trabas engorrosas a los adoptantes, en un medio donde existen miles de menores huérfanos. Hubo cuestionamientos en su aplicación. Era difícil controlar a los infantes cuando los solicitantes residían en el extranjero. Verificar su bienestar en la nueva vida presentaba problemas. Para familias salvadoreñas era una demora desesperante. La nueva ley tendrá un control más eficaz y ágil en los procedimientos. Funcionará con una junta directiva, integrada por un titular de la Procuraduría General de la República (presidente); un representante del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia; un delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores y dos representantes de la sociedad civil. Intervendrán en los procesos la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia.

Otra faceta relacionada con el bienestar de la niñez motiva a hacer las siguientes preguntas: ¿Se han cumplido los objetivos pretendidos por la Ley LEPINA? ¿Ha existido seguimiento del efecto de los cambios en las instituciones que funcionaban como Hogares o fundaciones y que pasaron de un plumazo al dominio estatal? ¿Qué beneficios arrojan los indicadores de funcionamiento? ¿Fue considerada, de alguna manera, la voluntad de los fundadores-donantes? ¿Existe la secuencia metodológica anterior que iniciaba con el ingreso del menor (sección cuna, educación básica, talleres vocacionales, colocaciones a su egreso, etcétera)? Entendemos que casi todos los centros afectados tenían conducción religiosa.

Muestra de cuán difícil es corregir en cualquier terreno lo constituye el nepotismo de los funcionarios, empleando en su área de trabajo a miembros de su grupo familiar. ¿Qué pasó con la meritocracia administrativa?

Aplicar correcciones a muchas leyes y normativas que la desidia legislativa y jurídica no le dieron la fuerza legal en su tiempo deberían ser objeto de revisión. Nunca es tarde para rectificar.

Tags:

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