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Corrupción y desarrollo

Con las actuaciones recientes de la Fiscalía General de la República
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Con las actuaciones recientes de la Fiscalía General de la República, el combate de la corrupción ha recobrado vigencia en el país, a pesar de que, dependiendo de la filiación política, ideológica o posición social de los investigados, dentro del establishment local, algunos de sus amigos, socios o partidarios tienden a descalificar la labor del ministerio público, catalogándola como persecución política o sugiriendo que responde a presiones externas.

Sobre el particular, el Banco Mundial se refiere a la corrupción en que participan dos partes, utilizando el término de soborno activo y pasivo, dependiendo de quién la origine; mientras que otros organismos se refieren a esta práctica mediante el término de extorsión o soborno, si es el funcionario el que exige dádivas para favorecer a alguna persona o las acepta con el mismo propósito.

Sin embargo, hay otras prácticas igualmente delictivas que no requieren de contraparte; como la malversación de fondos o el fraude, por ejemplo.

En todo caso, la corrupción está relacionada con la desnaturalización de la función pública, la cual afecta negativamente la capacidad institucional de un país para elevar la calidad de vida de su población (desarrollo económico).

El Banco Mundial publicó un estudio en el año 2006 que revela que los sobornos antes mencionados ascendían a un trillón de dólares anuales, a nivel mundial, y que el costo por corrupción rondaba al 17 % del PIB, en algunas regiones.

Debemos entender aquí que los efectos negativos de la corrupción, sobre el desarrollo, van más allá del dreno que ocasiona a las finanzas públicas, ya que, además, quebranta la moral de cualquier sociedad; sin embargo, lo más preocupante, desde el punto de vista económico, consiste en que tales prácticas entorpecen la asignación eficiente de recursos en una economía.

Ahora bien, al analizar la corrupción se debe tener presente sus raíces etimológicas, referidas a la degradación moral, particularmente a la observada en las esferas del poder donde los servidores públicos actúan en función de sus propios intereses.

Debido a esta problemática es que existen distintas iniciativas internacionales destinadas a combatirla, comenzando por el mismo sistema de Naciones Unidas y otros subsistemas regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA). De igual manera, agencias de cooperación para el desarrollo tienen en sus agendas el apoyo al tema de la transparencia y la rendición de cuentas, condición sine qua non para el desarrollo.

Sobre este tema en particular, en un evento realizado hace pocas semanas por “CoST, El Salvador”, se informaba que el país ocupaba el lugar 84, en América Latina, en el ámbito de la corrupción; en esa oportunidad se reportaba que El Salvador tenía una nota de 3.4 –de un máximo de 10– en tales prácticas, según Transparencia Internacional.

En ese mismo evento se mencionó que, como parte de las iniciativas internacionales para combatir la corrupción, El Salvador se había adherido –en el año de 1996– a la Convención Interamericana contra la Corrupción, promovida por la OEA, dando así a la construcción de cierto andamiaje jurídico para combatirla, abarcando en este esfuerzo la promulgación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (2000); la Ley de Ética Gubernamental (2006) y Ley de Acceso a la Información Pública (2011).

No obstante lo anterior, dicho marco jurídico no serviría de mucho sin acciones como las emprendidas por la FGR, así como el traslado y depuración de jueces anunciado recientemente; esperemos que el ministerio público pueda actuar libremente, pero respetando las garantías constitucionales de los procesados, por supuesto, en favor de una eficiente asignación de fondos públicos y del desarrollo económico.

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