Corrupción y manoseo institucional

Los hallazgos recientes de la Sección de Probidad y las subsecuentes actuaciones de Corte Plena han venido a poner en evidencia, en esta ocasión de manera contundente, el cuestionable papel que juegan las entidades responsables de velar por la trasparencia y el buen uso de los recursos públicos.
Enlace copiado
Corrupción y manoseo institucional

Corrupción y manoseo institucional

Corrupción y manoseo institucional

Corrupción y manoseo institucional

Enlace copiado
Esos descubrimientos representan un giro de ciento ochenta grados en el control ex post de la gestión gubernamental, a la vez que ponen al descubierto el vicio muy arraigado, aunque siempre ocultado, del manoseo de que son objeto dichas instancias para ocultar conductas reñidas con la ética y el fiel cumplimiento de la ley.

En medio de los enormes y complicados problemas que vivimos los salvadoreños, hay que destacar los espacios que ha abierto el proceso democratizador, para que tanto los involucrados en ilícitos, como la actuación de las entidades responsables de sancionarlos, salgan a luz. Pero para ello ha sido necesario contar con instancias imparciales como la Sala de lo Constitucional, la presión de la sociedad civil organizada y el escrutinio internacional. Estos tres actores han sido fundamentales para llenar el vacío que dejan organismos totalmente politizados.

Entidades como la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y hasta la Fiscalía General de la República han quedado expuestas a la crítica social por sus excesos u omisiones al momento de enjuiciar a los depredadores del erario nacional, simple y sencillamente porque en la práctica, responden a intereses creados, no importa que sus autoridades sean seleccionadas en elecciones de segundo grado, lo cual ya supone una mayor independencia y responsabilidad en el desempeño de las funciones que les han sido encomendadas.

Un caso que está resultando emblemático es la controversia sobre el supuesto finiquito que le otorgó la Corte de Cuentas al expresidente Funes, cuando la entidad era dirigida por un personaje que se distinguió por su folclorismo y el auto bombo, pero cuya gestión resultó un fiasco y se caracterizó por la desfachatez, afectando más la ya deteriorada imagen de la entidad. Recientemente el actual titular del ente contralor negó la existencia de dicho instrumento; pero ello, en vez de eximir a la entidad de toda responsabilidad en este desaguisado, la exhibe como inconsecuente con el papel que le corresponde. Algo parecido se da con la desaparición misteriosa de archivos importantes en CAPRES, relacionados también con la anterior administración.

En el caso del expediente perdido en la CC, también ofende la inteligencia el argumento de que este tipo de finiquitos se dan bajo el supuesto de que los interesados no manejan directamente recursos públicos. Este mismo subterfugio fue utilizado en el caso de El Chaparral, cuando la misma entidad descargó en funcionarios de tercera línea de la CEL la responsabilidad de haber autorizado y efectuado los pagos irregulares a ASTALDI, desligando del caso a las autoridades superiores que en ese momento dirigían la paraestatal. Detrás de estas tinterilladas se esconde un problema serio: las incongruencias entre los hallazgos del ente contralor y los de Probidad, independientemente de la opinión que el presidente de la CC tiene del papel que le corresponde a cada cual.

Acerca del papel del TEG no hay mucho que decir, a pesar de que en diciembre pasado dio a conocer una lista de 117 servidores públicos que habían sido sancionados en los últimos 8 años, la mayoría con simples amonestaciones. Esto, sin olvidar que la creación de la entidad se vinculó eventualmente con las exigencias del gobierno de Estados Unidos para que el país pudiera optar a Fomilenio I. Y en cuanto a FGR, el caso más cercano y desilusionante –en cuanto al tema concierne– se asocia con la Diego de Holguín, por la parcialidad y los dados cargados con que ha actuado. Pero aun en nuestra corta memoria, grabado en la historia por la gestión del fiscal anterior, que por lo que ha trascendido, ha pasado de acusador a acusado. Con sus actuaciones mancilló la imagen de la entidad, heredando al actual titular una enorme carga que se agrega a la miríada de problemas que deberá enfrentar con toda solvencia, pulcritud y eficacia, para contribuir a reforzar la institucionalidad democrática.

Tags:

  • juan héctor vidal
  • corrupción
  • probidad

Lee también

Comentarios

Newsletter