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Corruptela a la vista con nueva lógica de inversión en los municipios

En la práctica, para invertir en unos nuevos camiones de basura, en un proyecto de reparación del alumbrado público o en la recuperación de una cancha de fútbol, un alcalde tendrá que mendigar atención de una institución sin ninguna autonomía, sometida a los humores biliosos, al apetito de persecución política y a las conveniencias del presidente de la República. Centralismo paranoico, una puerta gigantesca para el conflicto de intereses, la corrupción y el despilfarro, y acaso una correa con la cual contener no sólo a unos cuadros municipales que sabe no le son fieles sino a quienes les sucederán dentro de dos años y medio, un relevo que se antoja inevitable considerando que los alcaldes de este trienio están condenados a la irrelevancia.

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Pocas de las decisiones tomadas por el gobierno de Bukele ilustran con tanta claridad los objetivos del régimen como la creación de la Dirección de Obras Municipales y la consiguiente disolución del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal.

El ISDEM nació como una entidad autónoma de derecho público, con plena capacidad para ejercer derechos, contraer obligaciones, patrimonio propio y autonomía en la administración de sus bienes, operaciones y servicios, con el objetivo básico de asistir técnica, administrativa y financieramente a las municipalidades. En la práctica, era el ente que recibía los recursos del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) y los distribuía amén de prestarle otros fondos a las alcaldías.

Detrás de su creación, en 1987, se encontraba la convicción de que los gobiernos locales no debían ser el último escalón de la administración estatal sino verdaderos espacios de autogobierno, y de que si no había una efectiva cesión de competencias al ámbito local, sería imposible gozar de desarrollo en los municipios urbanos de menor renta y en la mayoría de los rurales. Asimismo, se aspiraba a construir en cada territorio una plataforma política que reflejara las diversas sensibilidades del tejido local y que respondiera de modo auténtico a las cuitas y circunstancias regionales. En suma, la idea fundamental era desarrollo humano, inversión focalizada y robustecimiento ciudadano.

A Bukele no le interesa nada de eso, sucesivamente no le preocupa que la persona humana se vea desplazada del centro de la gestión del Estado, que la inversión se vea debilitada por un centralismo innecesario e involutivo y mucho menos que se construya democracia a partir de la organización comunitaria, pase o no por las alcaldías. Todo lo contrario, con alegatos pobres y vergonzantes para sus mismos cuadros municipales, alega que era necesario disolver al ISDEM y crear una nueva figura para conjurar la corrupción característica de las alcaldías.

Bukele se pone al otro lado de la idea de que la participación ciudadana en los gobiernos locales permite devolver el poder a la gente común; la nueva Dirección de Obras Municipales es sólo otro bastión de poder, presión, premio a las lealtades y castigo para los opositores para el Ejecutivo, del cual dependerá directamente. No bastándole con la sujeción funcional de una entidad a la otra, ordenó a sus pasapapeles garantizar que la junta directiva esté en manos de dos personas designadas por el presidente de la República y otras dos por el gabinete. En el caso del ISDEM, sólo tres de los ocho directivos procedían del Ejecutivo, y el resto de las mismas alcaldías con prerrogativa para uno nombrado por el concejo de San Salvador.

Mención aparte e igual de ilustrativo es que la incipiente Dirección tendrá un régimen especial de compras y adquisiciones que será aplicable sólo a ella y que significa el desconocimiento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). En otras palabras, han retomado el lamentable albedrío del cual la argolla gubernamental gozó durante la crisis pandémica a través del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, con el cual han hecho fiesta durante más de un año, y trasladan esa opacidad y esa resistencia a rendir cuentas al ámbito municipal.

En la práctica, para invertir en unos nuevos camiones de basura, en un proyecto de reparación del alumbrado público o en la recuperación de una cancha de fútbol, un alcalde tendrá que mendigar atención de una institución sin ninguna autonomía, sometida a los humores biliosos, al apetito de persecución política y a las conveniencias del presidente de la República.

Centralismo paranoico, una puerta gigantesca para el conflicto de intereses, la corrupción y el despilfarro, y acaso una correa con la cual contener no sólo a unos cuadros municipales que sabe no le son fieles sino a quienes les sucederán dentro de dos años y medio, un relevo que se antoja inevitable considerando que los alcaldes de este trienio están condenados a la irrelevancia.

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