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Corte de Cuentas. Caducidad no prescripción

La Corte de Cuentas es un órgano del Estado cuya finalidad principal es la fiscalización de la hacienda pública, de la ejecución del Presupuesto y de la gestión económica de las instituciones y empresas estatales (art. 195 Cn.).
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La función principal la realiza por medio de la Auditoría Gubernamental, por profesionales de distintas ramas, evaluando todas las transacciones contenidas en registros, informes y estados financieros, analizando su legalidad, eficiencia, efectividad y economía en el uso de los recursos de toda clase y los resultados de las operaciones y cumplimiento de sus objetivos. Ella es efectuada con derecho irrestricto para revisar todo tipo de documentos que contienen la información relativa a las operaciones auditadas.

Cuando existen irregularidades que pueden crear una responsabilidad administrativa o patrimonial, o indicios de responsabilidad penal, presentan su informe a la Unidad de Recepción y Distribución de Auditorías de la Corte, que lo asigna a una Cámara de Primera Instancia para que proceda a determinar la responsabilidad patrimonial del presunto culpable, dando así inicio al Juicio de Cuentas, con participación del fiscal general de la República.

La cámara, cumplidos los trámites legales y vencido el plazo para pruebas, condenará económicamente al funcionario si no se hubieran desvanecido los cargos, por su responsabilidad administrativa o patrimonial, pudiendo este apelar ante la Cámara de Segunda Instancia integrada por el presidente de la Corte y dos magistrados de la misma.

Las atribuciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte de Cuentas no son eternas, son temporales. “Las facultades de la Corte para practicar las acciones de auditoría... y para expedir el informe de auditoría CADUCARÁN en cinco años contados a partir del uno de enero del siguiente año al que tuvieron lugar las operaciones por auditarse”; y la de las cámaras de Primera Instancia para pronunciar la sentencia respectiva “...CADUCARÁ en dos años de recibido el informe de Auditoría en la respectiva Cámara...” (art. 95 y 96 de su ley).

CADUCIDAD significa “extinción de una facultad o de una acción por el mero transcurso de un plazo para ejecutarla, configurado por la ley como carga para el ejercicio de aquéllas” (Diccionario de la Lengua Española), es decir, el derecho de demandar desaparece al expirar el plazo.

La prescripción es un derecho del demandado, para alegar que ha transcurrido el tiempo establecido en la ley y que ya expiró el derecho de reclamar del demandante, pero la acción existe a pesar de haber transcurrido el plazo, no ha caducado el derecho, y si no alega nada el juicio continúa, pero si alega la prescripción, extingue la acción. Las facultades para realizar auditorías CADUCAN en cinco años, y los responsables son los que dejaron pasar dicho plazo sin iniciarlas, no el funcionario que pudo sufrir la auditoría.

El art. 97 establece la obligación del presidente de la corte de declarar de oficio la caducidad en los casos de no iniciarse las auditorías; y las cámaras dos años desde la recepción del Informe de Auditoría.

El resumen del proceso y la cita de las disposiciones legales tienen por objeto señalar el error, seguramente involuntario, del presidente de la República, quien respaldando al presidente de la Corte de Cuentas en sus veladas acusaciones le sugirió a la exdirectora del Seguro Social señora Ana Vilma de Escobar que renuncie a la prescripción.

La afirmación del presidente de la Corte de Cuentas no puede ser un error involuntario, por su calidad de presidente del tribunal de Cuentas tiene que saber distinguir caducidad y prescripción.

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