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¿Cuál austeridad?

Máster en EconomíaLa realidad salvadoreña no deja de sorprendernos, considerando la difícil situación económica que atraviesa gran parte de la población, cuando observamos la forma tan discrecional con que se utilizan los recursos públicos, en algunas ocasiones, ya que estos deberían servir para satisfacer necesidades colectivas y potenciar el crecimiento económico, respetando los principios de economía, eficiencia y eficacia.
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Francisco Sorto Rivas / Master en Economía

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De hecho esa es la razón de ser del Gobierno, procurar el bien común, aunque la gestión de los ingresos colectivos es realizada, en ocasiones, en beneficio de aquellos que los administran.

Me estoy refiriendo, en esta oportunidad, a la bonificación agenciada, en la Asamblea Legislativa, a favor de los diputados salientes, como si se tratara de una indemnización al concluir su relación laboral con dicho órgano del Estado.

Lo cierto es que las bonificaciones se usan en el sector privado como parte de las prestaciones ofrecidas a su personal, en función del desempeño y según los objetivos corporativos trazados; sirven, por lo tanto, para alinear los intereses de los inversionistas con el personal que labora en las empresas.

No en todas las empresas privadas se otorgan, pero en aquella que sí, constituye un reconocimiento por las contribuciones que hacen a la generación de riqueza; de ahí la importancia de los sistemas de control de méritos y evaluaciones del desempeño que conocemos.

Incluso en algunas autónomas que no dependen íntegramente del Presupuesto General de la Nación, es usual observar esta práctica, así como la cancelación del pasivo laboral a los empleados al finalizar cada ejercicio fiscal.

Sin embargo, los funcionarios ejercen las funciones para las que han sido electos, como en este caso, durante un período de tiempo determinado y, de no ser reelectos, salen del aparato estatal. No pueden pretender ningún reconocimiento monetario adicional al término de su mandato.

Lo mismo sucede con funcionarios nombrados por el presidente. Al término de sus funciones no reciben ninguna indemnización o “bonificación” final por los servicios prestados. Esto es particularmente cierto si, en los términos en que fueron contratados, no se contemplaba el pago de gratificaciones cuando dejaran sus cargos.

Parece evidente que la decisión tomada, en este tema en particular, daña la imagen de la Asamblea Legislativa y de los políticos que las avalaron.

No hay que olvidar, en todo caso, que la administración pública asigna recursos para el logro de objetivos meritorios para la sociedad. Habría que preguntarse aquí, entonces, a qué servicio social contribuyó este desembolso.

Es por eso que el profesor J. Buchanan enfatizaba que la gestión de la política pública no se limitaba a un asunto de distribución de recursos para satisfacer necesidades colectivas, sino que siempre había, de por medio, cuestiones de elección sobre las reglas aplicables a ciertos temas, producto de un patrón de intercambio y distribución.

Tomando de base lo afirmado por el profesor, podría pensarse en qué negociación se dio para cambiar las reglas del juego en materia de retribuciones para los diputados salientes, ya que durante la sesión en que eso sucedió, se discutieron y aprobaron decretos de interés general.

Algún mal pensado podría creer que, embargados por cierto espíritu festivo, gracias a la bonificación, se creó un ambiente propicio para concretar acuerdos, incluyendo la ratificación de préstamos.

De no rectificar dicho acuerdo, al menos cabría esperar que los diputados entrantes renunciaran a estas prácticas, ya que si los presupuestos se aprueban según las necesidades materiales de las instituciones para cumplir con sus respectivas misiones, al reasignarse fondos hacia otras actividades no previstas, se estaría comprometiendo, naturalmente, el logro de las metas institucionales originales.

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