¿Cuál dilema?

800 unidades estarán fuera de circulación. Esta es una buena noticia porque desde hace 15 años o más es conocido el exceso de unidades de transporte público que circulan para “aprovechar el beneficio” de la concesión.
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Las leyes ¿son flexibles? ¿Se adecuan al contexto? ¿Responden a intereses particulares? La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial cumplió 20 años en noviembre de 2015. Fue publicada en el Diario Oficial n.º 212, en el tomo n.º 329. Este año, 2016, está en su año 21. Y en su año 21, los considerandos que dieron justificación a su elaboración y aprobación siguen vigentes. “No existen normas legales que regulen el transporte en su marco conceptual... no existen normas legales que otorguen, en todo su contexto, las obligaciones y los derechos que de ellas emanan”. Los diputados de ese entonces hicieron el intento... pero son los intereses de un reducido grupo de “empresarios” los que han prevalecido en el contexto, la seguridad vial y el bien común son letra muerta.

Siendo el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial tan importantes para la seguridad y esta ley ha sufrido prórrogas y más prórrogas en temas sustantivos. Cada una de las prórrogas ha sido para “adecuar las exigencias y requisitos legales” a la conveniencia de los concesionarios o no concesionarios del servicio de transporte en sus diferentes modalidades, terrestre, de carga y aéreo. Es la conveniencia particular la que prevalece sin excepción según modalidad.

El artículo n.º 34 de la mencionada ley dice literalmente: “Los vehículos dedicados al servicio de transporte público de pasajeros, no deberán exceder de los 20 años de fabricación”. En este momento, el sector beneficiado está en “un dilema”, afirman medios de comunicación. No pueden responder a la pregunta de ¿cuándo cumplen 20 años de fabricación las unidades chatarra que están circulando y que representan una amenaza para el usuario y un elevado costo para los ciudadanos al quedarse varados en cualquier calle y avenida?

Con una simple resta se tiene claro el año límite de fabricación que el Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio de Transporte, debe autorizar. Este año, 2016, tienen, legal y obligadamente, que salir de circulación los buses que fueron fabricados en 1996. Si hay dudas sobre la resta, hay que consultar a las Asociaciones de Docentes de nuestro país. Ellos tienen actualizada la aritmética elemental porque tienen la obligación de enseñarla a los alumnos en el primer ciclo de Educación Básica.

Si los concesionarios del sistema de transporte público de pasajeros quieren gozar de los beneficios de la concesión, deben cumplir con las exigencias legales. Este es el espíritu y la justificación de la ley. La regla está clara. La regla se emitió hace 20 años. La regla busca disminuir la inseguridad del usuario. La regla no necesita consenso en su aplicación. La aplicación del artículo n.º 34 es de obligado cumplimiento para cualquier funcionario público responsable de autorizaciones para la circulación de unidades de transporte público de pasajeros.

Informa una gremial que son 800 unidades de transporte público las que cumplieron 20 años el año recién pasado. Se espera que el viceministerio no autorice la circulación de 800 unidades que dan servicio de transporte público que cumplieron 20 años de fabricación el año recién pasado. Se queja un dirigente gremial “que no le informaron a tiempo sobre la medida”. ¿Es posible que un concesionario del servicio no conozca la ley que le aplica y debe respetar? Ojalá que los funcionarios del viceministerio conozcan, apliquen y respeten la ley porque esta es su obligación constitucional.

800 unidades estarán fuera de circulación. Esta es una buena noticia porque desde hace 15 años o más es conocido el exceso de unidades de transporte público que circulan para “aprovechar el beneficio” de la concesión. Estudios especializados demostraron con detalle la sobreoferta y analizaron las implicaciones ambientales, sociales y económicas de la sobresaturación dando sugerencias de medidas concretas. Nada se hizo porque la presión de los intereses particulares prevaleció sobre el interés y el bien común.

800 unidades estarán fuera de circulación. Esta es una buena noticia porque la aplicación de la ley obligaría a los beneficiarios de la concesión a dejar de confiar en sus “aliados” dentro y fuera de las instituciones estatales. ¿Será posible semejante caso? Con esta ley se ha jugado a las prórrogas. Ya basta. Ojalá que la duda en la dirigencia gremial se aclare con decisiones firmes.

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