¿Cuándo aprobarán la Ley de la Función Pública?

En 2013 publicamos una columna en que expresamos que “la contratación de empleados y funcionarios públicos debe realizarse mediante procedimientos transparentes y que garanticen la competencia entre los aspirantes.
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Con procedimientos así –aunado a salarios competitivos en el sector privado– se incrementan las probabilidades de que el Estado contrate a los mejores”. Luego dijimos que un valioso instrumento para ello es el anteproyecto de Ley de la Función Pública.

La contratación de los empleados públicos está sujeta a una amplia discrecionalidad por parte de los funcionarios y titulares de las instituciones, por lo que no existen garantías suficientes para garantizar que el Estado contrate a los mejores. No es inusual que un funcionario, en lugar de procurar contratar a los mejores, decida colocar en las plazas públicas a sus amigos o a los militantes del partido. Esa práctica deriva en un deterioro en la prestación de los servicios públicos. El compadrazgo tiene un costo, y este lo pagamos todos los ciudadanos.

Además, en una coyuntura en que el Estado enfrenta graves problemas fiscales, se vuelve imperativo que se adopten acciones dirigidas a administrar de un modo más eficiente los recursos con que se cuenta. Precisamente, una de esas acciones es establecer un mecanismo para dejar de contratar a los amigos, y comenzar a contratar a los mejores.

El anteproyecto de la Ley de la Función Pública pretende combatir esos problemas. El documento surgió del seno de la Secretaría de Asuntos Estratégicos del gobierno anterior, pero una vez elaborado se omitió impulsar su aprobación en la Asamblea Legislativa. No cuesta imaginar por qué.

Tras casi tres años desde que se divulgó el anteproyecto, aún no contamos con un sistema integral que rija la manera en que se contratará al personal de la Administración Pública, siendo injustificable desde cualquier punto de vista que se haya tomado la decisión de guardar en la gaveta el anteproyecto de la Ley de la Función Pública, sobre todo en el gobierno actual.

Y es que en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 se expresa que se pretende “fortalecer la organización, el funcionamiento y la gestión de calidad en el Órgano Ejecutivo” (L.11.2.4); y “diseñar e implementar en el Órgano Ejecutivo un sistema de profesionalización del servicio civil y del talento, basado en el mérito y la capacidad que incluya la adecuación del marco normativo (L.11.2.5). La Ley de la Función Pública serviría exactamente para esos propósitos.

Es insuficiente plasmar en un plan que se pretende profesionalizar al equipo humano que sirve a los ciudadanos desde el Estado; hay que hacerlo. Y un primer paso para ello sería aprobar la Ley de la Función Pública.

Más aún, aprobar esa ley es parte de los compromisos que adoptó el gobierno de El Salvador en una de las metas del Asocio para el Crecimiento con los Estados Unidos de América. En el informe del Asocio para el Crecimiento correspondiente al semestre mayo de 2012-noviembre de 2012 se expresaba: “El GOES espera que la versión final [de la Ley de la Función Pública] sea presentada a la Asamblea Legislativa a fines de 2012 o inicios de 2013”.

En el último informe (noviembre de 2014-mayo de 2015) se califica en un nivel bajo la meta 6 –que se refiere a la profesionalización de la Administración Pública–. Uno de los motivos que se señalan para esa mala nota es “que el anteproyecto de Ley de la Función Pública, que cumple 18 meses de haber sido finalizado, aún no ha sido enviado por el GOES a la Asamblea Legislativa para su revisión y aprobación”.

De ahí que volvamos a preguntar: ¿Cuándo aprobarán la Ley de la Función Pública? Esperamos nos respondan dando una fecha límite para ello.

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