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Cuando el sistema fomenta la violencia en vez de combatirla

La violencia ha sido tan recurrente en el país, de distintas formas, que ya para muchos es un fenómeno normal, lo cual constituye una perversión agregada.
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La resolución del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador que dejó libre a un acusado de feminicidio en su propia esposa levantó de inmediato, como era de esperarse, una marea de reacciones airadas, por lo inverosímil de la resolución y lo inconcebible del argumento esgrimido por el Tribunal. Si bien es cierto que el presunto culpable fue recapturado casi de inmediato por otro delito que se le imputa, lo cierto es que lo ocurrido en el caso de feminicidio pone una vez más en evidencia las fallas que se presentan constantemente en nuestra administración de justicia, en este caso por un inexcusable descuido fiscal unido a una aplicación artesanal de la ley.

En nuestro país padecemos una gravísima situación de violencia, que ha venido extendiéndose por el ambiente en forma continua, con los efectos depredadores que es posible advertir en el día a día de la convivencia ciudadana. Desafortunadamente, la institucionalidad no ha logrado ponerse a la altura del desafío con el que tiene que enfrentarse, y sobre todo en las áreas fiscales y judiciales es patente la falta de condiciones que posibiliten una verdaderamente efectiva lucha contra la criminalidad en todos los órdenes. El caso de feminicidio que comentamos es una muestra lacerante de esta realidad tan desalentadora.

Hay muchas cuestiones en juego en un caso como éste. En primer lugar, un tema de cultura arraigada. La violencia ha sido tan recurrente en el país, de distintas formas, que ya para muchos es un fenómeno normal, lo cual constituye una perversión agregada. Y si a este unimos el tradicional machismo imperante, resulta que la violencia contra la mujer está lejos de recibir el repudio generalizado que debe ser natural en una sociedad suficientemente evolucionada. Necesitamos, pues, en este y muchísimos otros campos, hacer una recomposición de fondo de nuestros comportamientos culturales básicos.

Por otra parte, en el ámbito de la institucionalidad los perfeccionamientos tendrían que ser inmediatos y efectivamente progresivos. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República, que en atribución directa del Fiscal General tiene la responsabilidad constitucional de “Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley” y de “Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad”, no ha merecido hasta ahora el tratamiento financiero que la habilite para desempeñar sin limitaciones tan decisivas funciones. Hay una gran recarga de trabajo con medios que son a todas luces insuficientes.

Y en cuanto al Órgano Judicial, sus deficiencias acumuladas son notorias. Fallos como este que comentamos del Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador demuestran sin necesidad de mayores indagaciones que hay debilidades en la formación de los juzgadores, que los criterios interpretativos son con frecuencia rudimentarios al máximo, que la lógica jurídica brilla a menudo por su ausencia y que la superficialidad en el desempeño de la función es moneda cotidiana.

De todo esto se viene hablando reiteradamente, pero no se ven los esfuerzos correctivos conducentes al cambio real de las cosas. En el país el Estado de Derecho está aún en construcción. Es una tarea que no sólo es técnica y administrativa, sino también moral y cultural. Hay que empeñarse de veras en dicha construcción.

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  • administracion de justicia
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