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Cuando la institucionalidad entra en crisis todo el sistema se trastorna

Más temprano que tarde tendrá que emprenderse en Venezuela la reconstrucción institucional, para que el país funcione de veras como sociedad integrada y puesta al día.
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Una de las debilidades más graves que padecen nuestras sociedades latinoamericanas es la referente a la inseguridad e inestabilidad de sus estructuras institucionales. Desde luego, no todos los países están en condiciones semejantes al respecto, y eso tiene mucho que ver con los respectivos desarrollos democráticos. En algunos países, como Chile y Uruguay por ejemplo, hay una importante tradición de experiencia democratizadora, aunque también en ellos hubo épocas de profundo quebranto institucional; en otros países como los centroamericanos, salvo Costa Rica, lo tradicional han sido las prácticas antidemocráticas, y por ende sus procesos de establecimiento de un régimen de efectivas libertades son más dificultosos.

En estos momentos, tenemos a la vista de manera dramática lo que puede ocurrir cuando el trastorno de la institucionalidad se instala como forma de vida política: es el caso de Venezuela, donde el régimen de partidos entró en crisis profunda, dándole paso a una especie de modelo populista cubierto de retórica revolucionaria. El chavismo imperante desde 1999 se apoderó de la institucionalidad, y ahora, al ya no estar su principal abanderado, la distorsión institucional quiere mantener viva una opción que en realidad carece de toda capacidad real de supervivencia. Más temprano que tarde tendrá que emprenderse en Venezuela la reconstrucción institucional, para que el país funcione de veras como sociedad integrada y puesta al día.

En nuestro país, la institucionalidad democrática nunca estuvo presente en el pasado. Se vivía un régimen autoritario con algunas apariencias democráticas. Ese “modelo” colapsó allá a comienzos de los años 80 del pasado siglo, e inició camino la democratización en medio de las balas de la guerra. La verdadera dinámica democratizadora tomó impulso al pasar a la posguerra, luego de la solución sin vencedores ni vencidos. Pero el proceso no ha sido fácil, ni lo es ahora.

La falta de auténtico compromiso democrático de las fuerzas políticas ha hecho revivir periódicamente la crisis institucional, que en estos meses recientes se ha venido agudizando hasta poner al sistema también en crisis. Eso genera una incertidumbre básica que es lo más negativo para el país en un momento en que lo que se necesita es integrar energías nacionales en función de la certidumbre, de la confianza, de la seguridad y del desarrollo.

Lo más claro de todo esto es que no podemos vivir despilfarrando energías valiosas e insustituibles en una lucha constante por posiciones de poder y por intereses de sector o de grupo. Esto lo siente y lo sabe la ciudadanía, que está presionando cada vez más a los entes políticos, a sus liderazgos y a las figuras que éstos postulan para ganar la representación popular en los cargos de conducción nacional, para que asuman el rol que en verdad les corresponde: ser servidores eficientes y confiables del bien común.

La institucionalidad tiene que desarrollar eficaces y crecientes mecanismos de autodefensa, pero teniendo en cuenta que las organizaciones y las personas individuales son las primeras llamadas a respetar el esquema institucional, dentro de los marcos estrictos del Estado de Derecho. No hay que quitar en ningún momento el dedo del renglón en lo que a la salvaguarda de la integridad institucional se refiere. De eso depende, en gran medida, que haya paz, estabilidad, predictibilidad y competitividad en el ambiente.

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