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Cuando las instituciones empiezan a funcionar como debe ser es preciso redoblar la vigilancia para evitar los sabotajes a su trabajo

Ya sabemos que la corrupción y la impunidad no tienen ningún reparo en usar todos los recursos disponibles, sin importar el daño que se cause. Y por ello el blindaje de las instituciones aplicadoras de la ley debe ser suficiente y permanente.
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Lo que estamos observando en el país en estos días es una serie de brotes institucionales que inducen a confiar en que el proceso nacional va avanzando de manera significativa hacia etapas más provechosas para el destino nacional en todas sus expresiones. Este no es un fenómeno casual, sino que responde a impulsos regeneradores propios de la fase reconstructiva que va experimentando nuestro proceso nacional en la medida que la democracia toma posiciones en el ambiente. Y aunque la política ha venido haciendo menos de lo que le corresponde en la tarea de afianzar el régimen de libertades y de fortalecer las estructuras del progreso nacional, aun en ese plano se ven dinamismos que apuntan hacia un mejor desempeño de aquí en adelante. La alternancia en la conducción política del proceso es un factor que, con todas las dificultades que al respecto están en juego, sin duda abona a que El Salvador gane en estabilidad y en funcionalidad.

Donde más se puede percibir el avance institucional en relación con el cumplimiento de las responsabilidades públicas es en el campo de la lucha contra la corrupción, que es un cáncer que corroe todas las estructuras a su alcance. En tal sentido, el rol de la Fiscalía General de la República viene haciéndose sentir como nunca antes; y los resultados que comienzan a verse no dejan duda al respecto, aunque como es natural falte mucho por hacer para que el imperio de la legalidad opere en forma plena y segura. También en el liderazgo judicial hay un renovado ejercicio de atribuciones que se hace notorio en contraste con las opacidades del pasado. Pero tales brotes de acción necesitan mucho apoyo y mucho acompañamiento para que no sólo tomen impulso sino que ganen arraigo.

En primer término, hay que ponerles especial atención a las maniobras destinadas a obstaculizar y en definitiva a detener dichos avances institucionales. La impunidad ya no puede prevalecer como era su costumbre, y eso no sólo la pone en guardia sino que la alista al contraataque; y las instituciones y funcionarios que van generando el cambio positivo se hallan sin duda en peligro. Ya sabemos que la corrupción y la impunidad no tienen ningún reparo en usar todos los recursos disponibles, sin importar el daño que se cause. Y por ello el blindaje de las instituciones aplicadoras de la ley debe ser suficiente y permanente. Esto incluye proveer a dichas instituciones de todo lo necesario para cumplir su función en forma integral conforme a los requerimientos prácticos que se vayan presentando. Para el caso, en lo que corresponde a la Fiscalía General de la República es indispensable otorgarle el presupuesto necesario a fin de que pueda ampliar y vitalizar su labor en todo sentido.

También las tareas de depuración periódica son esenciales para que las instituciones correspondientes no sufran el deterioro de las infiltraciones de la criminalidad y de la corrupción, que siempre están al acecho. No basta por supuesto con el reconocimiento al esfuerzo bien realizado: hay que comprometerse con la continuidad del accionar constructivo; y esto tiene que hacerse tanto desde la institucionalidad como desde la ciudadanía. Lo que se requiere es una especie de alianza virtuosa entre todos aquellos que, desde diversas posiciones tanto públicas como privadas, pueden y deben poner lo suyo para que el país gane el terreno que le corresponde en su marcha modernizadora.

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