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Cuando se quiere sacar dinero a cómo sea y de dónde sea lo que se logra es crear más distorsiones en un ambiente ya traumatizado al máximo

Y las contradicciones son patentes: para el caso, al mismo tiempo que se publicita de distintas maneras el empeño de seguir expandiendo el asistencialismo social se le cargan a la población nuevos costos para su elemental supervivencia, como es el incremento abrupto e inconsulto del 13% en la tarifa eléctrica recién aprobado por el Ejecutivo.
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No hay necesidad de hacer ningún análisis de situación para comprobar que la realidad del país es crítica en muchos sentidos; y una de las áreas que más visiblemente lo muestran es la referente a las finanzas públicas, que están a tope con verdadero riesgo de llegar al punto de colapso. No sólo es que los ahogos de la deuda de corto plazo se van volviendo cada vez más incontrolables sino que hay una creciente imposibilidad de contar con lo necesario para responder a los apremios del gasto corriente. Y todo ello es un vivero de ansiedades que trastornan el día a día tanto de la institucionalidad como de la ciudadanía. Ante un estado de cosas semejante lo que la racionalidad básica demanda es que se redoblen en serio los esfuerzos para ir hallándole salidas a los diversos cuellos de botella que nos aquejan; pero, sin ninguna justificación válida, lo que se sigue imponiendo es esa conflictividad política desfasada que no sólo no lleva a ninguna parte sino que va socavando el fenómeno real en forma totalmente irresponsable.

Es claro que las autoridades gubernamentales sufren al respecto un despiste de altísimo riesgo para el país. En primer término, hay una negativa contumaz a entrar en fase de austeridad cuando todas las condiciones imperantes así lo demandan. Y las contradicciones son patentes: para el caso, al mismo tiempo que se publicita de distintas maneras el empeño de seguir expandiendo el asistencialismo social se le cargan a la población nuevos costos para su elemental supervivencia, como es el incremento abrupto e inconsulto del 13% en la tarifa eléctrica recién aprobado por el Ejecutivo. No cabe duda de que no contar con un esquema de acción planificada conforme a los requerimientos, posibilidades y oportunidades de la realidad es la peor falla de base que puede sufrir una gestión pública, independientemente de la línea política que esté al frente.

Como era de esperarse, la decisión ejecutiva de agregar un nuevo cargo nada menos que del 13% al costo de la energía eléctrica para los consumidores de la misma ha generado de inmediato una serie de reacciones adversas. ¿Será tanta la angustia financiera que las autoridades se exponen a un rechazo generalizado con tal de allegar unos cuantos fondos a la caja? Tal angustia existe, sin lugar a dudas; y ese debería ser el factor determinante de una nueva actitud proclive a los entendimientos razonables. A quien le toca tomar la iniciativa es al Gobierno, que, en incomprensible contraste, vive reincidiendo en contradicciones perturbadoras sobre su línea de acción y en gesticulaciones improcedentes cuando no se hace lo que él pretende.

El cargo aludido ya está en manos de la justicia constitucional, porque presenta vicios de ilegalidad manifiestos. Además, la reacción ciudadana ha sido de rechazo generalizado, como era previsible, porque el salvadoreño común tiene ya una carga suficientemente pesada para asegurar su supervivencia básica. Y, desde el ángulo del sector privado, lo que se argumenta con claridad es que acciones como ésta lo que hacen es seguir encareciendo la vida de la población y dificultando aún más el crecimiento económico que tanto se necesita para la estabilidad y el progreso del país. Como repetimos, lo prudente para todos sería entrar en serio en un proceso de búsqueda de fórmulas de viabilidad financiera, poniendo el efectivo bien común como punto de enlace.

Hay que generar confianza en todo sentido, a fin de que podamos ir avanzando de veras por la ruta del desarrollo. No verlo así es un signo patético de ceguera histórica.

Tags:

  • finanzas
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