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Cuatro exigencias, una propuesta y un apoyo

Nos encontramos en la última etapa del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia; el eslabón más cuestionado.
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Por el Imperio del Derecho

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Desde que hace casi tres años comenzamos a llamar la atención sobre la trascendencia de esta específica elección, fuimos críticos de lo ocurrido en el pasado y planteamos varias exigencias que en algún momento resumimos y que ahora reiteramos.

En primer lugar, necesitamos una elección sin reparto de cuotas partidarias. La justicia constitucional debe ser independiente e imparcial, de acuerdo con los artículos 172 y 186 de la Constitución. Cuando las instituciones son repartidas en cuotas partidarias, su funcionamiento no responde a la ley ni a la conciencia de sus miembros, sino a grupos de poder que reclaman privilegios e impunidad. Esto pasa por desistir de la insana intención de promover candidatos con vínculos partidarios, lo cual resulta inadmisible desde cualquier punto de vista.

En segundo lugar, exigimos una elección sin retrasos. Ya hay muchos actores políticos y hasta diputados, que dan por sentado que al 15 de julio –fecha en que terminan su período los magistrados electos en 2009– la Asamblea no habrá culminado su proceso de elección. Lo peor del caso es que lo dicen sin ningún sonrojo como si tal retraso no tuviera consecuencia alguna. Los diputados incumplen su obligación constitucional cuando no eligen a tiempo y, en el contexto actual, el retraso adquiere singular gravedad toda vez que la ausencia de la jurisdicción constitucional pone en grave riesgo la legitimidad del acceso al poder político, la institucionalidad y la estabilidad política del país.

En tercer lugar, pedimos una elección sin traslados entre Salas. Los artículos 174 y 186 de la Constitución establecen que la Sala de lo Constitucional se conforma por magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa para integrar dicho tribunal durante nueve años. Por tanto, está prohibida cualquier norma jurídica o designación que permita trasladar magistrados de otras salas a la Sala de lo Constitucional o viceversa, como de todas formas ya se reconoció en la sentencia de inconstitucionalidad 19-2012, la cual desde luego es vinculante en el actuar legislativo.

Y en cuarto lugar, exigimos una elección sin secretismos. Esta elección en particular exige actuaciones legislativas que sean públicas en absolutamente todas sus etapas, documentadas y, por supuesto, debidamente motivadas. No podemos ni debemos seguir tolerando negociaciones oscuras, sobre todo porque propician que en casos como este, los candidatos asuman compromisos que desnaturalizan el rol que se espera de ellos y comprometen frontalmente su independencia.

Para cumplir con lo anterior, junto con otras instituciones hemos propuesto que se reforme el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Se trata de una propuesta que ya está en manos de los diputados y que solamente requiere de un poco de voluntad política para ser aprobada. Nadie que se jacte de querer un mejor proceso de elección puede estar en desacuerdo con incorporar al mismo mecanismos de transparencia, participación ciudadana, asesoría técnica, control y meritocracia. Eso es lo que se ha propuesto.

Por último, abiertamente hemos manifestado a todos los partidos políticos nuestro genuino interés en darles el apoyo y la información que se requiera en esta elección. No es un mero interés gremial; es un interés patriótico el que nos mueve.

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