Cuenta de Garantía Solidaria

Hace algunos días escribí un artículo sobre la reducción del monto de las pensiones, en El Salvador, promovida mediante el Decreto Legislativo 787, del 28 de septiembre. El artículo fue publicado en este espacio de opinión, comprometiéndome a ampliar algunas ideas sobre el particular. De contar con la comprensión de este medio y del tiempo del lector, me gustaría explicar cómo mediante la creación de una figura financiera denominada “Cuenta de Garantía Solidaria”, se trasladó a los cotizantes jóvenes del SAP, $12,633 millones de obligaciones públicas, según cálculos de un actuario amigo mío.

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Francisco Sorto Rivas / Master en Economía

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Para comenzar, vale la pena mencionar que según el Ministerio de Hacienda, al 31 de diciembre del año 2013, la deuda relacionada con la transición entre el sistema de reparto vigente hasta el año 1998, hacia otro de capitalización individual, ascendía a $10,007.5 millones, pero que, gracias a las reformas de 2003 y 2006, respectivamente, se sumaron otros $14,077.7 millones, para completar $24,085.2 millones de deuda.

Las autoridades del Ministerio de Hacienda señalaban, entonces, que de no hacerse algo pronto, las finanzas públicas serían insostenibles, especialmente porque el mecanismo de financiamiento automático creado en el año 2006 (FOP) ya no podía absorber más deuda para pagar las pensiones del régimen antiguo.

El Gobierno proponía crear un sistema mixto; así obtendría recursos para pagar las pensiones en curso y cancelar, además, parte de las obligaciones asumidas por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.

Sin embargo, esa propuesta no prosperó porque suponía confiscar ahorros de los trabajadores.

También se barajaron otras iniciativas, la mayoría de ellas sin fundamento técnico, ni doctrinario; mientras que otras solo contaban con estimaciones generales sobre su impacto actuarial.

El Gobierno contrató, entonces, expertos con el apoyo del BID para evaluar el impacto actuarial de las iniciativas; pero luego recurrió a los servicios de otro actuario que cuantificó las propuestas más potables; aunque no se pronunció sobre su sostenibilidad, argumentando que al final, Dios proveería los recursos necesarios para pagar las pensiones.

Lo más sorprendente fue que la iniciativa aprobada por la Asamblea Legislativa creó otro mecanismo de financiamiento automático a cargo de los propios trabajadores –la Cuenta de Garantía Solidaria–, para pagar Certificados de Traspaso, Pensiones Mínimas, Beneficios de Longevidad, etcétera, alimentándose, para todos los efectos prácticos, con las aportaciones de los afiliados activos y de los pensionados optados.

Claro está que el Gobierno también aportará recursos a través del Presupuesto General de la Nación; sin embargo, destinará 1.7 % de los ingresos corrientes netos durante los años 2018 y 2019 y, un máximo del 2.5 % de estos, a partir del año 2020.

Esa suma podría parecer bastante; pero si destinaran $100 millones anuales para cancelar una deuda de $12,633 millones, al 4 % de interés anual, por ejemplo, no podría pagarla nunca; en otras palabras, quien terminará pagando dichas obligaciones serán los afiliados al SAP, ya que al distraérseles parte de sus ahorros hacia dicha cuenta solidaria, sus pensiones futuras serán menores.

Para poder compensar esa caída en la acumulación de sus ahorros, deberían obtenerse rendimientos cercanos al 10 % anual sobre la inversión de sus cotizaciones, siendo conservadores.

En pocas palabras, más del 50 % de las obligaciones previsionales del Estado será pagado por los afiliados al SAP.

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