Cuenta regresiva para que Bukele desande el camino

La ventana de oportunidad para que se salga de esta crisis con menos traumas se va cerrando aceleradamente. El gobierno salvadoreño está obligado a dar la talla, a responderle con altura a sus votantes tanto adentro como afuera del país, y a no defraudar a la potente comunidad radicada en Estados Unidos. Pero eso requiere dejar de verse al ombligo, abandonar la retórica y desandar el vejamen a las instituciones cometido hace algunas semanas. Si Bukele no tiene nada que llevar a la mesa, no habrá mesa.

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Hay pocos visos de que el deterioro en las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos se resuelva sólo con relaciones públicas. La nueva visita del enviado especial de ese país para el Triángulo Norte de Centroamérica confirma que en Washington este es un asunto de especial importancia.

Nadie quiere que el resultado de esta crisis sea en detrimento de los salvadoreños ni en territorio norteamericano ni en suelo centroamericano. Pero si la dinámica con la que Bukele y Biden se acercan al tema es sólo una en la que a falta de diálogo sólo quedan las presiones, el desenlace es potencialmente lesivo para los intereses de la migración cuscatleca.

La administración Biden se ha interesado al igual que la de Trump por la de un enfoque pragmático acerca de la migración ilegal centroamericana. La diferencia es que el expresidente republicano tenía una narrativa más ruda, rayando la violencia discursiva, mientras que el demócrata es comedido. Pero esa diferencia de tono no debe confundir a nadie en la región, el objetivo es el mismo y la pregunta es si descartada la locura de un muro vale la pena apostar algunos billones de dólares al progreso y a la democracia en el istmo o resignarse a reforzar las fronteras.

Al entusiasmo que Bukele exhibió hace algunos meses en su alianza con algunas de las ideas de Trump, adhesión que le costó críticas en su momento por la condición de tercer país seguro, le ha sucedido primero la indiferencia y luego la reticencia ante los planes de Biden. Hay varios puntos de convergencia en las nociones de ambos gobiernos acerca del fenómeno pero fueron pasando a un segundo plano y en este momento las potenciales conversaciones entre unos y otros no girarían alrededor suyo sino de qué tanta afectación sufrirá El Salvador tras el manoseo de su órgano judicial.

En la lógica norteamericana, el retroceso democrático en nuestro país sólo puede manifestarse en expresiones que amenacen sus intereses y seguridad nacional. Hablamos de que la deposición de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República amenazará tanto el riesgo país, el clima de negocios y le cerrará al país tantas puertas ante los organismos de cooperación que las finanzas públicas se verán comprometidas.

Así considerado, la erosión institucional dejará de ser una veleidad política doméstica y se convertirá en un factor que incentive la migración. La cara más obvia y operativa de la desestabilización y falta de independencia del sistema de justicia también abona a ese resultado: el aumento de la impunidad, la falta de garantías constitucionales y el perjuicio de los derechos más elementales como el de tránsito y asociación. Estados Unidos conoce lo suficiente de El Salvador como para establecer que estas corrientes y este capitán sólo pueden llevarnos a esas aguas.

La ventana de oportunidad para que se salga de esta crisis con menos traumas se va cerrando aceleradamente. El gobierno salvadoreño está obligado a dar la talla, a responderle con altura a sus votantes tanto dentro como fuera del país, y a no defraudar a la potente comunidad radicada en Estados Unidos. Pero eso requiere dejar de verse al ombligo, abandonar la retórica y desandar el vejamen a las instituciones cometido hace algunas semanas. Si Bukele no tiene nada que llevar a la mesa, no habrá mesa.

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