Cuestionamientos jurídicos a la reforma del sistema de pensiones

Cuando se piensa en la vejez, uno se imagina vivirla de forma tranquila, junto a su familia y gozando de una pensión digna, la cual es fruto del ahorro y rentabilidad que se ha tenido a través de los años.
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Una aspiración que tiene fundamento en el art. 50 de la Constitución, conocido como el derecho a la “seguridad social”.

Un tema que está en la discusión pública y que ha generado preocupaciones a muchos salvadoreños es el relativo a la reforma al sistema previsional vigente. El Ministerio de Hacienda ha presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (Ley SAP), que pretende transformar el sistema actual de pensiones, que se basa en un régimen de cuentas individuales de ahorro, en donde cada trabajador que cotiza es dueño exclusivo de sus ahorros; a un sistema mixto, en donde una porción del dinero ahorrado por los trabajadores cotizantes pasaría a un fondo común que sería manejado por el Estado, bajo la promesa de que se le pagará una pensión en el futuro, perdiendo la propiedad privada y exclusiva que tiene de sus ahorros.

La idea de reformar el sistema de pensiones se viene señalando por el Ministerio de Hacienda desde hace varios años y al respecto distintos sectores han expresado que la discusión debe realizarse con la mayor transparencia y bajo un sustento estrictamente técnico, para que el resultado sea una propuesta que fortalezca el sistema previsional y que no perjudique a los trabajadores. Sin embargo, lo anterior no ha sucedido, ya que el proyecto de reforma a la Ley SAP fue elaborado de forma inconsulta y no se han divulgado los documentos técnicos que le deberían dar sustento, tales como los estudios actuariales que fueron encomendados al BID para tal fin.

La reforma ha sido muy cuestionada, por una parte, desde el punto de vista económico y financiero, al señalarse que la propuesta no es viable y es insostenible, debido a que se crea un fondo para pensiones que nace desfinanciado; y por otra parte, por considerarse que tiene serios cuestionamientos jurídicos, al vulnerar dos derechos constitucionales: el de propiedad privada y el de seguridad social.

¿Por qué vulnera el derecho de propiedad privada? Sobre las cuentas individuales de ahorro de pensiones, los cotizantes tenemos un derecho de propiedad exclusivo, el cual además tiene la calidad de derecho adquirido, por lo que no puede venir una ley posterior a afectarlo. Al pasar una porción del saldo de las cuentas individuales de ahorro de los trabajadores a un fondo común que será manejado por el Estado se estaría diluyendo el derecho de propiedad y por ende violentando el mismo, el cual está protegido por los art. 2 y 103 de la Constitución.

¿Cómo vulnera el derecho de previsión social? Afecta el derecho a la seguridad social en su dimensión de pensión, regulado en el art. 50 de la Constitución, ya que tal como han señalado distintos centros de pensamiento y economistas conocedores de la materia, el sistema mixto que se pretende crear nace desfinanciado y es financieramente insostenible, por lo que el Estado no estaría generando las condiciones suficientes y necesarias para garantizar que los futuros pensionados van a disfrutar su pensión. Se establecería un fondo sin fondos.

Por dichas razones, estimo que el proyecto de decreto debe ser descartado. Cualquier reforma al sistema de pensiones que se quiera aprobar debe tener base técnica y respetar la Constitución. Se requiere de un diálogo franco y transparente con participación de los sectores involucrados.

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