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Cuidado con las amenazas a la independencia judicial

Una premisa fundamental de nuestra institucionalidad democrática es que se debe respetar el sistema de división de poderes, lo cual permite que existan mecanismos de frenos y contrapesos, y un adecuado balance de poder. De igual forma, si queremos vivir en un auténtico Estado de derecho, los fallos judiciales deben cumplirse.
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El Salvador ha ganado mucho en términos de institucionalidad al contar con una Sala de lo Constitucional caracterizada por su independencia y por la defensa de los derechos fundamentales. La ciudadanía sabe que hay una instancia ante quien acudir para hacer valer sus derechos constitucionales. Esto no significa que dicha Sala sea infalible, o que en algunos casos no se compartan los criterios interpretativos de una resolución.

Lo que no se vale en una democracia es atentar contra la independencia judicial solo porque a alguien no le gusta una sentencia, ya suficiente desgaste se tuvo con el nefasto decreto 743 en 2011 y cuando se acudió de forma inconstitucional a la Corte Centroamericana de Justicia en 2012, con el objeto de no acatar un fallo de la Sala de lo Constitucional. Esto llevó a que la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, Gabriela Knaul, manifestara sus preocupaciones por las violaciones a la independencia judicial en El Salvador.

En las últimas semanas, dicha Sala ha emitido distintas resoluciones que tienen un impacto importante en la institucionalidad del país, al declarar la inconstitucionalidad en temas tales como: la elección de los tres magistrados de la Corte de Cuentas, la emisión de bonos por novecientos millones de dólares y los diputados suplentes, la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz; así como la admisión de la demanda relativa al incremento de la tarifa de energía eléctrica. No es el objeto de esta columna comentar dichas sentencias, lo cual se podrá hacer posteriormente, sino que externar una preocupación ciudadana y hacer un llamado de atención para que la sociedad civil esté atenta por cualquier vulneración a la independencia judicial de la Sala de lo Constitucional.

Es increíble y preocupante que a raíz de las sentencias de dicha Sala de nuevo se empiezan a escuchar voces que hablan de procesar magistrados, destituirlos, no acatar las sentencias, acudir a instancias internacionales o interponer amparos ante Corte Plena cuando la única competente es la Sala de lo Constitucional, entre otros aspectos; además de los distintos calificativos que se han proferido. Es lamentable que en el país haya personas que les cueste vivir en un Estado de derecho y que no comprendan que vivimos en una república en donde debe haber separación de poderes. No es coincidencia que en muchos regímenes antidemocráticos se persigue controlar y anular a los tribunales constitucionales, pues estos constituyen el último valladar en defensa de los derechos fundamentales de las personas y son un férreo obstáculo para los abusos de poder de los gobernantes.

En cuanto a las amenazas que están sucediendo contra la independencia judicial de la Sala de lo Constitucional, ojalá que no pasen de ser meras amenazas y que prevalezca la cordura y la sensatez en los actores políticos y se imponga el respeto al Estado de derecho, pues suficientes complicaciones tiene ya el país que resolver. La ciudadanía debe estar muy atenta ya que en dos años se elegirán cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los cuales cuatro integrarán la Sala de lo Constitucional para el período 2018-2027. Se debe evitar cualquier retroceso orientado a querer controlar políticamente a la Sala y por ende, anular la justicia constitucional.

Tags:

  • institucionalidad
  • poderes
  • division
  • contrapesos
  • corte de cuentas

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