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Cuidar el derecho a saber

Últimamente han ocurrido distintos sucesos que preocupan porque tienen un impacto negativo en el derecho a saber, tales como la reiterada negativa de Casa Presidencial (CAPRES) de entregar información pública sobre viajes presidenciales; la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional en el amparo interpuesto por no entregar la referida información, y la decisión de la Asamblea Legislativa por mantener en secreto algunos casos de financiamiento de los partidos.

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El acceso a la información pública ha sido reconocido por la Sala de lo Constitucional como un derecho fundamental, está contemplado en los convenios internacionales contra la corrupción, y desde luego, en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Todo este entramado jurídico establece las bases para que el derecho sea una realidad, pero además se requiere del buen funcionamiento de las instituciones y de que se comprenda que la información pública les pertenece a los ciudadanos, por lo que entregársela no es un favor que le hace el Estado, sino el cumplimiento de su obligación.

En el caso de la información declarada reservada por CAPRES, hace más de un año publiqué una columna en la que describí lo atropellado que fue el proceso y el cúmulo de violaciones a la LAIP que se dieron para no entregar la información de los viajes presidenciales de 2009 a 2014, en un claro abuso de reserva de información, en donde primero la información fue clasificada como reservada y después simplemente desapareció. En ese caso, el Instituto de Acceso a la Información Pública erró en velar por el derecho. Se ordenó entregar la información hasta que se interpuso un amparo y la Sala resolvió que la información es pública. A la fecha, la información no se ha entregado de forma completa, por lo que continúa la violación a la LAIP por parte del Órgano Ejecutivo.

En cuanto a la resolución de seguimiento emitida por la Sala en el amparo señalado en el párrafo anterior, preocupan algunos argumentos que introducen criterios altamente subjetivos y discrecionales para negar información. Este es el caso, por ejemplo, de cuando se sostiene que puede negarse la información “superflua”, dando la pauta para que, abusivamente, se califique como tal aquello que los entes obligados no quieren que se conozca. Bajo un criterio como este, la información sobre los regalos legislativos que desató indignación ciudadana podría haberse calificado como superflua y haberse negado. Ojalá que la Sala rectifique y aclare su resolución para que no haya un grave debilitamiento del derecho de acceso a la información.

En lo que respecta a la Asamblea Legislativa, continúa la resistencia de normar adecuadamente la transparencia en el financiamiento de los partidos. Recientemente aprobó una reforma que deja espacios para la opacidad al no incluir algunas donaciones en razón de la cuantía, lo cual no está justificado.

Durante el proceso de elaboración de la LAIP, expertos internacionales expresaron que el primer paso era una buena ley, pero que lo complejo era su aplicación, pues se presentarían obstáculos e intentos para disminuir el goce del derecho de acceso a la información pública. Esperemos que no se corte el oxígeno de la democracia y se imponga el carácter de derecho fundamental que antes le reconoció correctamente la jurisprudencia constitucional.

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