Cuidar la libertad de expresión

Indiscutiblemente la libertad de expresión es uno de los pilares más importantes en los que se sustentan las democracias y es por ello que debemos cuidarla, pues posibilita que los ciudadanos tengamos una voz para emitir opiniones en los diferentes ámbitos, como por ejemplo, para disentir de las decisiones que toman los gobernantes. En el marco de la libertad de expresión encontramos una doble vertiente, la primera, la libertad de información y dentro de esta la libertad de prensa y el acceso a la información pública, y la segunda, la libertad de opinión.
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La libertad de expresión es reconocida como un derecho fundamental, tanto a nivel nacional como internacional. La Constitución de El Salvador la incluye en su art. 6, y también está presente en distintos tratados internacionales que ha ratificado el país, como la Declaración Universal de Derechos Humanos que la establece en su art. 19. Como todos los derechos fundamentales, no es absoluto y puede tener límites, como son los casos que la misma Constitución establece: no puede perturbar el orden público, ni lesionar el honor de las personas; sin embargo, estas restricciones deben entenderse de manera restrictiva para que el derecho pueda ejercerse íntegramente.

El país cuenta con un marco jurídico amplio que formalmente protege a la libertad de expresión, además la jurisprudencia constitucional ha resguardado muy bien el goce de este derecho; no obstante, se observan graves amenazas que generan preocupación y que se deben contrarrestar. Estas provienen en gran medida de quienes encuentran en la libertad de expresión un valladar para sus ideas antidemocráticas y de quienes se aprovechan de los abusos de poder y pululan entre la impunidad y la corrupción.

Los riesgos contra la libertad de expresión son graves y se están manifestando a través de acciones que nos deben poner en alerta, tales como: instalación de micrófonos ocultos en centros de pensamiento y gremiales del sector privado; presiones gubernamentales que fueron denunciadas para que saliera del aire el programa de entrevistas “Así estamos”; ataques informáticos contra periódicos; amenazas contra periodistas de medios digitales; y lo mencionado en el Foro de Sao Paulo 2017, en donde participaron miembros del partido oficial, celebrado en Managua en julio pasado, en el cual se señaló, sin ambages, la toma de los medios de comunicación.

La semana pasada, la UNESCO realizó un importante foro en donde trató el tema de la seguridad de los periodistas, el cual coincidió con las recientes amenazas que han recibido periodistas de periódicos digitales. Allí se mencionó que los Estados son los principales obligados a brindar seguridad a los periodistas, y que, en consecuencia, deben crear planes efectivos de seguridad que incluyan políticas de prevención y de protección; asimismo, deben fortalecer la investigación en los ministerios públicos y robustecer el trabajo de los jueces para que no exista impunidad. También se mencionó que en otros países se han emitido leyes de protección a periodistas, tal como ya se está trabajando en nuestro país, pero que esto no es suficiente, pues se requiere un enfoque sistémico que incluya fortalecer las instituciones.

Es primordial que el Estado garantice el respeto a la libertad de expresión, lo que implica reconocer que no bastan solo las leyes sino que además debe existir una adecuada aplicación de las normas que la protegen, lo que conlleva a fortalecer a la institucionalidad que debe velar por ella, a efecto de que cuando se den violaciones a la libertad de expresión, la justicia se imponga y no haya impunidad. Mientras tanto, la ciudadanía debe estar atenta para defender y cuidar este derecho fundamental.
 

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