Curiosidades constitucionales

Nuestra Constitución establece tres órganos fundamentales del Gobierno: el Órgano Legislativo que constituye un órgano colegiado representativo de la voluntad del pueblo, al que confiere la atribución más importante, la función de legislar, es decir, de dictar las normas de convivencia necesarias para que los habitantes de El Salvador logremos la seguridad jurídica y el bien común asegurando a sus habitantes el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social, por supuesto dentro de las disposiciones que la misma Constitución establece, que le limita sus facultades, a diferencia de los otros órganos del Gobierno a quienes también les confiere las facultades que las leyes les otorgan.
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Al considerar que El Salvador es un Estado de Derecho, las funciones de los otros órganos del Gobierno y de todos sus funcionarios están limitadas por las disposiciones constitucionales, pero gracias a la intervención del Órgano Legislativo también pueden gozar de otras facultades, siempre y cuando no contraríen ninguna disposición constitucional.

El Órgano Judicial debe aplicar las leyes dictadas por el Legislativo, en su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; y el Órgano Ejecutivo tiene a su cargo la gestión de los negocios públicos que le encomiende la Constitución y las leyes dictadas por el Órgano Legislativo, para lo cual precisamente existen las secretarías de Estado entre las que se distribuyen los ramos de la Administración Pública.

De acuerdo con lo anterior, el órgano deliberante que rige los destinos del país es el Legislativo, pues a los otros órganos solo les compete dar cumplimiento a las decisiones del primero, razón por la que se dice que el Órgano Legislativo es el Primer Órgano del Estado.

A pesar del razonamiento lógico anterior, surge la duda de dicha primacía del Órgano Legislativo cuando se comparan los requisitos de sus funcionarios públicos.

Para ser presidente y vicepresidente de la República (además de estar afiliados a un partido político), ministros. gobernadores, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y diputados a la Asamblea Legislativa deben ser salvadoreños por nacimiento, mayores de distintas edades, no haber perdido los derechos del ciudadano previamente, etcétera, y ciertas capacidades técnicas para los funcionarios del Órgano Judicial.

Sin embargo para el presidente y vicepresidente, ser “de moralidad e instrucción notoria” y para los magistrados de la CSJ, de las Cámaras de Segunda Instancia, de los jueces de Primera Instancia y de los jueces de Paz, ser “de moralidad y competencia notorias”, e igual para el fiscal y el procurador general de la República, los gobernadores, los dos miembros de Tribunal Supremo Electoral de las ternas de la CSJ; los miembros de la Corte de Cuentas, no así para el procurador de los Derechos Humanos.

Pero curiosamente para los miembros del Primer Órgano del Gobierno, los diputados a la Asamblea Legislativa y al PARLACEN, no se requiere instrucción notoria, ni honradez o moralidad notoria.

Quizás para la representación del pueblo, históricamente, fueron eliminándose requisitos de instrucción o conocimientos para desempeñar los cargos de diputados, pero que no se haya considerado que deben tener moralidad notoria no tiene nombre, los diputados pueden ser ignorantes, algunos ni saber leer o sumar. Al fin son parte de nuestro inculto pueblo, pero que no necesiten gozar de moralidad notoria es una verdadera inmoralidad.

Esperamos que el voto cruzado sirva a los partidos políticos para buscar sus mejores ciudadanos para las diputaciones, sustituyendo la camiseta sudada por la capacidad y moralidad notorias, porque el votante cada día conocerá y escogerá por sus fotos y nombres a los ciudadanos que los representarán como diputados propietarios y también a los suplentes que en muchas ocasiones, con sus votos, crean las leyes de la República.

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