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Daño colateral

Con mayor frecuencia el daño colateral se aplica a situaciones de guerra.
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Es un término que indica lo que afecta a muchas cosas cercanas a una principal, o sea que reciben sus consecuencias derivadas de esa proximidad y, como un fenómeno gravitacional, es difícil sustraerse a ello. Esta situación tiene muchas manifestaciones en el diario vivir y, aunque con propósitos a veces bien intencionados, provocan imprevistos negativos.

Claro y continuo ejemplo constituyen las protestas de instituciones, gremios y comunidades, los cuales exigen derechos vulnerados –esa es su intención–, pero, su conducta entorpece derechos de otras personas, al impedir atenciones médicas a enfermos y el libre tránsito en las calles. Obstaculizan el movimiento laboral de la ciudadanía y afectan a mujeres en gestación y personas de la tercera edad. Solo se rompe esa intransigencia con la presencia de la policía, para al menos habilitar pequeños espacios que rompan el atasco vehicular. Aunque son válidas sus demandas, un poco de sensibilidad y consideración contribuiría a una mejor convivencia.

En otra dirección de los aludidos daños, es comprensible la necesidad que tiene la industria y la agricultura de utilizar materiales y procedimientos imprescindibles para su operatividad, mas, por falta de una aplicación cuidadosa y poco celo de las autoridades ambientales, se ocasionan graves daños ecológicos a la tierra, su humus y redes fluviales. Los procesos contaminan nuestro hábitat por el empleo de fenoles clorados, azufre oxidado, sales de aluminio, etcétera, acumulándose gradualmente en la cadena alimenticia, con efectos en el sistema inmunológico, nervioso y reproductor de las personas. Basta un galón de aceite usado para contaminar un millón de galones de agua. Por su contenido de plomo, cadmio y cloro, un sistema acuático necesitaría 20 años para recuperarse. También existen consecuencias colaterales en las quemas agrícolas y las supuestas minerías responsables.

Traslademos nuestra intención correctiva a otros órdenes. Hace mucho tiempo expusimos el sumo cuidado que se debería tener al otorgarle a la Fuerza Armada funciones de contradelincuencia, especialmente en tareas fuera del radio urbano. Entendemos la emergencia, pero su trabajo tradicional es bien específico. Una capacitación somera nunca se acercará a las normas en tiempo, derechos humanos y espíritu institucional que posee la Policía Nacional Civil. Se corre el riesgo de malos procedimientos y errados criterios. La comisión respectiva de la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General podrían dar unas recomendaciones.

En torno al quehacer político y ante las próximas elecciones, en donde se dará una recomposición institucional, exhortamos mayores exigencias para elegir a los nuevos funcionarios (en buena parte es responsabilidad de los votantes). Que de veras exista capacidad, idoneidad y espíritu de servicio en los currículos de los nombrados; desde el presidente de la República hasta el más humilde edil. ¿O no es un daño colateral para el desarrollo del país y las funciones confiadas designar a personas con tales carencias?
 

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