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De ahora en adelante

Desde los Acuerdos de Paz no habíamos tenido una crisis institucional semejante. Ni tan cerca habíamos llegado de poner en riesgo nuestra joven y frágil democracia, lograda con años de sangre y dolor.
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<p>Ahora no solo se trata de un nuevo intento del Poder Legislativo y Ejecutivo de limitar el poder de una respetada y honesta Sala de lo Constitucional, como con el decreto 743, sino de destruirla y anularla por completo, pasando nuevamente encima de toda legalidad, decencia y racionalidad. De ahora en adelante, si no paramos este adefesio político, le estamos abriendo la puerta a los que delinquen para que no cumplan aquellas sentencias que les resultan incómodas.</p><p>Ahora presenciamos cómo se usa la fuerza y el autoritarismo para pasarse por encima la Constitución. Enviar “sindicalistas” a las órdenes del FMLN a escoltar ilegítimos funcionarios judiciales, forzar cerraduras de oficinas privadas sin autorización del presidente de la Corte, y con la permisividad de la policía, es también abrir la cerradura a las puertas del autoritarismo represivo. Es cierto que no hubo golpeados, ni arrestados, ni daños materiales más allá de las cerraduras, y que fue más bien una pequeña demostración disuasiva de fuerza. Pero dejar pasar este leve acto de matonería sienta un peligroso precedente. Por algo se comienza, y así se comenzó en Nicaragua. Ahora las organizaciones sandinistas emplean la amenaza y la violencia en contra de las manifestaciones ciudadanas de calle, bajo la también mirada tolerante de la policía. Valga señalar que para lograr amedrentar las protestas ciudadanas ahora no se hace necesaria la policía, pues ahí están las organizaciones sociales sumisas al poder para ejercer la represión necesaria. De ahora en adelante, si no ponemos freno a estos primeros síntomas del autoritarismo represivo, la violencia política volverá a nuestras tierras.</p><p>Es cierto que nuestra institucionalidad es débil y posee déficit de credibilidad. Pero de ahora en adelante, de consumarse el hecho en cuestión, tendremos unos abogados que no solo carecerán de la más absoluta legitimidad ante una parte importante de la población y de la opinión pública nacional e internacional, sino que carecerán de legalidad constitucional. ¿Tendrán validez las resoluciones judiciales y constitucionales emanadas de estos ilegales funcionarios? ¿Acaso sus resoluciones no serán cuestionadas, y fácilmente anuladas, cuando cambien las correlaciones de fuerzas políticas? Sin duda esto significa cupular permanentemente con la incertidumbre. Algo nada bueno para un país que hoy más que nunca necesita de certidumbres políticas y jurídicas para inseminar las inversiones que con urgencia necesita una economía para superar su actual esterilidad.</p><p>Por otro lado, quedo claro para qué sirve la CCJ (Corte Centroamericana de Justicia): hacer favores políticos a ciertos mandatarios y fuerzas políticas con influencia sobre ella. Con su oscura y torcida resolución quedan más sepultados sus desprestigiados restos. Pero lo grave de ahora en adelante es que, lamentablemente con el beneplácito del presidente de la República y la Asamblea Legislativa, las resoluciones de tan desprestigiada Corte Centroamericana estarán sobre nuestra Constitución. ¿Qué podrá decir la Fuerza Armada si un día, por influencia hondureña, la CCJ resuelve que la Isla Conejo es hondureña, o que un presidente no necesariamente tiene que ser salvadoreño por nacimiento? Será bueno que vayamos meditando en serio sobre el “más adelante” que traerá este contubernio político contra la Sala de lo Constitucional.</p><p>&nbsp;</p>

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