¿De dónde lo sacan?

El Gobierno del FMLN, elegido democráticamente, supongo que obtuvo la confianza del 50 % de los votantes por su Programa Electoral. Y en este Programa Electoral no ofrecieron armar a las comunidades para asumir por su cuenta la seguridad y justicia.
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Los partidos políticos, dice la Constitución de la República, son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Siendo así, durante los periodos electorales siempre presentan su plataforma electoral. En las elecciones presidenciales recién pasadas el FMLN insistió en la “necesidad de la profundización de los cambios”. El Salvador “debe seguir adelante”... los cambios implementados “no pueden detenerse”.

El 5 de noviembre de 2013, después de haber consultado a 310 mil personas que aportaron en la definición del programa de gobierno escribieron “aquí está la respuesta a todo lo que el pueblo salvadoreño ha planteado en los seis meses de debates promovidos en el Diálogo de País” y ofrecieron “la profundización de los cambios en el gobierno (2014-2019) con tres prioridades: empleo con crecimiento sostenido, educación con inclusión social y seguridad ciudadana efectiva”.

Me concentro en la seguridad ciudadana efectiva. Comparto lo que escribieron en el documento “El Salvador Adelante”, “la seguridad es un derecho humano fundamental que el Estado está obligado a garantizar”. Ciertamente, es el Estado el encargado de garantizar los derechos constitucionalmente establecidos en los artículos n.º 1 y n.º 2 de la Carta Magna. No hay otro responsable de la seguridad, sino el Estado, y esto es indelegable.

Ofrecieron una “política de Estado conducida directamente por el presidente” aunque a la fecha, la formulación de la política la dejaron en manos del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la conducción es asumida por el secretario de Gobernabilidad. Ofrecieron convivencia y seguridad ciudadana; conversión del territorio en espacio de paz y convivencia; y articulación de las instituciones del Estado en un sistema de seguridad ciudadana para derrotar el crimen trabajando coordinadamente el gobierno central y local. ¿Qué han dejado de hacer para cumplir con esta oferta?

Ofrecieron “punto final a las extorsiones” fortaleciendo la capacidad de investigación científica; desarrollando inteligencia para prevenir, detectar y controlar las extorsiones; incrementando la cooperación y la asistencia técnica para adaptar las mejores experiencias internacionales. Y todo esto, dijeron, para “garantizar la tranquilidad de las familias salvadoreñas y el funcionamiento de las empresas”. ¿Qué han dejado de hacer para cumplir con esta oferta?

Ofrecieron el “combate efectivo contra la criminalidad” fortaleciendo las capacidades técnicas y humanas de las instituciones estatales responsables del combate a las pandillas, las bandas criminales, el crimen organizado y el lavado de activos; aplicando la Ley de Extinción de Dominio a todos los bienes de origen ilícito, incluyendo la corrupción; depurando las instituciones que tienen responsabilidades de seguridad pública; y coordinando con la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial medidas de control, evaluación, formación y estímulo con la necesaria depuración para impedir la corrupción y la impunidad. ¿Qué han dejado de hacer para cumplir con esta oferta?

Ofrecieron “una Policía más fuerte, profesional, efectiva e incorruptible” con el necesario número de efectivos policiales (aunque no lo especifican), con sus medios de combate y ordenamiento jerárquico; mejorando las condiciones laborales y creando la Dirección de Investigación contra delitos informáticos. ¿Cuál es el plan? Y ¿cuánto ha logrado?

Ofrecieron “centros penitenciarios de auténtica readaptación” adoptando estrictas medidas de control para impedir delitos desde los centros penitenciarios; reduciendo la sobrepoblación de los centros penales; diversificando proyectos de trabajo y fomentando la continuidad escolar y la formación laboral. ¿Qué han logrado?

Hay dos ofertas más, la prevención de delito y la violencia social y la protección, atención y reparación a las víctimas. También se debe preguntar qué han logrado en estas dos ofertas. Y debe preguntarse por qué la opinión pública es de poca efectividad en el logro de la oferta electoral. Nadie puede afirmar que hay seguridad ciudadana efectiva porque a diario y por todos los medios se demuestra lo alejado que estamos de esta oferta electoral construida con 310,000 personas. Y ahora surge la iniciativa de “armar a grupos cívicos para cuidar a su comunidad”, esas comunidades que son controladas por las pandillas.

Las atribuciones del Gobierno, dice la Constitución en el artículo 85, son indelegables. El Gobierno del FMLN, elegido democráticamente, supongo que obtuvo la confianza del 50 % de los votantes por su Programa Electoral. Y en este Programa Electoral no ofrecieron armar a las comunidades para asumir por su cuenta la seguridad y justicia.

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