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De la migración, la integración y otras yerbas

Por fin, Centroamérica y México, con la ayuda internacional, acordaron el 28 de diciembre pasado dar el primer paso con un “plan piloto” para la solución del drama que por casi dos meses han estado viviendo miles de migrantes cubanos en la frontera norte de Costa Rica, por la negativa del gobierno nicaragüense de permitirles el paso por su territorio.
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En este desenlace, nuestro país parece haber jugado un papel determinante, antes y después de que el presidente Solís decidiera retirarse del diálogo político establecido en el marco del SICA, debido a la poca o casi nula receptividad que encontró en la reciente Cumbre celebrada en San Salvador, donde supuestamente debería haberse tratado el problema con un enfoque regional.

Aunque algunos traten de restarle importancia a la actitud asumida por el gobernante costarricense, no es un tema menor que en ese evento no se le pusiera la atención debida a un problema muy delicado que afectaba a uno de los miembros del Sistema. Después de todo, este ha sido erigido bajo principios de cooperación y solidaridad entre sus miembros, aunque el tema involucrado tuviera raíces externas. Tampoco las fisuras son nuevas y siempre, como en todo proceso donde están de por medio grandes intereses, han estado presentes. A veces con razón, pero en otras ocasiones sin motivos justificables, como fue la constante durante el gobierno del presidente Funes, que siempre trató de ningunear a sus colegas. Es más, ahora que ha empezado a resolverse el problema de los migrantes, no puede asegurarse que las cosas van a volver a la normalidad, pues por esas cosas de la vida, los nicaragüenses acaban de recibir otro baldazo de agua fría, con la decisión de la Corte Internacional de Justicia que resolvió un diferendo fronterizo a favor de Costa Rica.

Pero lo importante, dentro de las constantes vapuleadas que recibe el SICA, es que ha comenzado a resolverse un problema que no fue creado por sus miembros, excepto por uno que siempre ha tratado de poner la agenda de la región y en este caso, probablemente, bajo las directrices de La Habana. Los detalles del acuerdo son poco conocidos, aunque nuestro país dará el primer paso al permitir que los migrantes utilicen nuestras instalaciones aeroportuarias como una primera escala, a la cual deberá seguir el peregrinaje por tierra vía Guatemala y México hasta su destino final.

Lo paradójico –y desde luego dramático– es que coincidiendo con esa odisea, nosotros mismos estaremos experimentando las consecuencias de un fenómeno también vinculado con el tema migratorio. Días antes de Navidad, el Washington Post informó que el gobierno de Estados Unidos se proponía expulsar a miles y miles de indocumentados, dentro de los cuales hay muchos salvadoreños. Y aunque al momento de escribir estas líneas las noticias no eran muy claras, ya ha trascendido que dentro de las prioridades de expulsión estarían presidiarios que han cumplido condena por diversos delitos, pandilleros, depredadores sexuales y en general criminales considerados peligrosos para la seguridad nacional de Estados Unidos (EDH 28/12/15). En pocas palabras, estaremos recibiendo escoria para seguir fortaleciendo el cuerpo delincuencial –que sin su presencia ya se cobró el año anterior la cifra récord de más de 6,600 vidas– mientras disminuyen las remesas de la gente trabajadora.

Ante la posibilidad de una expulsión masiva, trascendió que Honduras ya está tomando algunas medidas como la instalación de albergues temporales para los afectados. Nuestro gobierno solo ha lamentado la decisión soberana de Estados Unidos. Además, por acción u omisión, puede potenciar el impacto de esa medida al afectar el proyecto de conformar la “Alianza para la Prosperidad”. Se sabe que el monto inicial ofrecido se redujo por las dudas en el Congreso de ese país de que los beneficiarios puedan cumplir ciertos compromisos ligados a la ayuda, como el combate a la emigración ilegal, el crimen organizado y la corrupción. Nosotros ya dimos pasos en falso al rechazar la sugerencia de establecer una CICIES y al cometer la marrullería de aprobar una ley de probidad que más bien fomenta la corrupción y estimula la impunidad. Que el lector juzgue.

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