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De la primera a la segunda mitad del Gobierno: la economía y las finanzas públicas (I)

Lo que el gobierno hizo y dejó de hacer condujo a la insolvencia actual.
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Coincide el “Informe de Gobierno 2016” del presidente de la República con la mitad de su gestión. La situación económica y fiscal es uno de los dos aspectos centrales de su informe/balance.

Sobre la crisis fiscal el mensaje del presidente afirmó: “Enfrentamos una grave crisis de liquidez del Estado, generada por las equivocadas acciones del pasado, como la privatización de las pensiones, la corrupción, el endeudamiento irresponsable y la baja recaudación provocada por la evasión y elusión fiscal”. Conociendo el gobierno esta situación desde el primer día de su gestión, podemos afirmar que lo que hizo y dejó de hacer condujo a la insolvencia actual.

La mal llamada “reforma de pensiones” que impulsó en los primeros dos años, y que fracasó al no contar con mayoría en la Asamblea Legislativa, pretendía captar las cotizaciones de los trabajadores para mejorar la caja fiscal y borrarle al Estado $4,500 millones de deuda previsional para reducir contablemente la deuda pública y su relación con la producción nacional, tirándole la bomba previsional y fiscal al siguiente gobierno y a las próximas generaciones. En sus primeros dos años, el gobierno hizo contrataciones injustificadas de la mitad de las 40 mil plazas adicionales, dio subsidios de agua, energía y gas a sectores altos y medios que no los necesitaban, y tuvo gastos superfluos en varias instituciones del Estado, financiados todo con más endeudamiento público. Tampoco llevó a la justicia los casos documentados de evasión y elusión fiscal, impulsando un parcherío de medidas y no la reforma fiscal integral.

Cuando el presidente –finalmente– cayó en la cuenta en marzo recién pasado que en adelante ya no podría pagar las cuentas, puso la voz de alarma sobre la crisis fiscal, llamando a un Acuerdo cuya mesa se instaló seis largos meses después.

El principal partido de la oposición combina en su seno la posición de debilitar la gestión de gobierno y hacerle pagar al partido de gobierno el mayor costo político para las próximas elecciones legislativas y municipales, con la de evitar el impago y sus consecuencias obligando al gobierno a una estrategia de sostenibilidad fiscal. La actitud concertadora del presidente apoyado por un rol propositivo e intermediador del PDC y PCN posibilitó el “Acuerdo Marco para la Sostenibilidad Fiscal, Desarrollo Económico y Fortalecimiento de la Liquidez”. Y luego el acuerdo para la emisión de los primeros $550 millones. Por eso el presidente afirma: “Es urgente continuar en este proceso de diálogo para completar la emisión de los mil 200 millones en bonos, la reforma integral de pensiones y un pacto fiscal que permitan una solución a largo plazo en beneficio del país”.

La mora en el pago a proveedores, alcaldías y demás, y la aprobación legislativa de la controvertida reforma a la ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) que permite al Estado tomar los ahorros de los trabajadores de los fondos de pensión, para pagar –indefinidamente– vencimientos del gobierno, ha tenido deplorables consecuencias, deteriorando aún más la confianza y la percepción de riesgo a nivel nacional e internacional. No obstante todas las consideraciones anteriores, el presidente afirma que “la confianza en el país sigue aumentando” responsabilizando al pasado de la “grave crisis de iliquidez”...

Coincidimos que el crecimiento de 2.5 % es una buena noticia aunque sea más resultado de factores externos –reducción de la factura petrolera y aumento de las remesas familiares– que de la política interna. No forma parte de un proceso de transformación estructural de la economía sin el cual no podremos crecer sostenidamente a tasas mayores del 2 % haciendo sostenibles las finanzas públicas.

Como lo afirmé hace 4 meses: “En la transición, el gobierno entrante conoció ‘la bomba’ de las finanzas públicas y de la deuda previsional; la visión y estrategia del Asocio para el Crecimiento; el Plan Maestro para la ampliación del Aeropuerto y sus dos opciones de financiamiento; las decisiones del anterior gabinete económico para viabilizar la concesión exitosa del Puerto de La Unión, y la importancia de impulsar el corredor logístico entre los Puertos de Cortés y La Unión; el proyecto –financiado por el BID– de impulsar la reindustrialización exportadora con el sistema logístico-holístico; y muchas otras iniciativas viables listas para su ejecución. Pero este gobierno desnaturalizó el Asocio para el Crecimiento, abandonando su visión y proyectos, y la parte del Plan de Gobierno saliente pendiente de ejecutar. Se salvó el FOMILENIO que el Gobierno de Estados Unidos decidió, deliberadamente, inaugurarlo con el presidente entrante”. (Alberto Arene, “¿Lidera y conduce alguien la economía y las finanzas públicas?”, LPG, 11.8.2016).

Por las razones expuestas afirmamos que lo que el gobierno hizo y dejó de hacer sobre los componentes de su propio diagnóstico condujo a la insolvencia actual.

Tags:

  • informe
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