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De la primera a la segunda mitad del gobierno: la situación de seguridad (II)

La perspectiva social y de seguridad y la sostenibilidad de los logros alcanzados no son alentadoras en la segunda mitad del gobierno.
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El Salvador lidera internacionalmente los índices de migraciones y criminalidad en países que no están en guerra, secuelas de la guerra de la década del ochenta, y de la falta de empleo y oportunidades en el cuarto de siglo de posguerra.

Respecto al año 2000, la tasa de migración neta (diferencia entre las personas que entran y salen de un país anualmente por cada 1,000 habitantes) se duplicó en 2014. Así creció la migración salvadoreña correlativa a la violencia y a la falta de empleos y oportunidades. La migración de niños no acompañados detenidos en los últimos 7 años (2009-2015) llegó a 44,639.

De 2004 a 2013 fueron deportados de Estados Unidos 165,146 salvadoreños, 103,824 sin antecedentes penales (62.9 %) y 61,322 con antecedentes penales (37.1 %). Respecto a 2013, las deportaciones crecieron 30.3 % llegando a 27,180, disminuyendo 19.4 % en 2015 (21,920). El total de deportados de 2004 a 2015 fue de 214,246.

El Salvador concluyó 2015 con 6,670 homicidios, 104.2 por cien mil habitantes, 10.4 veces mayor que el índice de epidemia de la Organización Mundial de la Salud, y 16 veces el promedio mundial, con 95 % de impunidad, igualando los promedios de la época de mayor violencia y número de víctimas del conflicto. 60 % son menores de 34 años, atribuyéndose a las pandillas la principal responsabilidad del incremento de la violencia, con más del 60 % de los homicidios.

En Latinoamérica, uno de cada cinco jóvenes no estudia ni trabaja, en El Salvador es uno de cuatro. Un total de 345,150 jóvenes entre los 15 y 24 años no trabajan ni estudian. De los más de 1 millón 341 mil jóvenes entre los 15 a los 24 años, el 26.4 % se dedica al ocio.

Este altísimo nivel de víctimas y victimarios tiene una múltiple causalidad, resaltando la exclusión social juvenil expresada principalmente en la falta de educación y empleo, factores directamente vinculados. Como lo afirmamos al comenzar este año: “Enfrentar la exclusión social juvenil conlleva el impulso de una educación pertinente de calidad que facilite a los jóvenes el acceso a un empleo digno, y el impulso de altos niveles de inversiones privadas sostenidas en sectores de mayor productividad y crecimiento que ofrezcan esos empleos decentes”. (Alberto Arene, “Éxodo y homicidios de jóvenes en el triángulo norte de C. A.”).

¿Qué ha hecho el gobierno en sus primeros dos años y medio de gestión para enfrentar tan dramática situación heredada? El presidente afirma que a inicio del año realizó un giro importante en la seguridad para garantizar la implementación y efectividad del Plan El Salvador Seguro, con resultados alentadores: ampliando la operatividad a nivel nacional y asestando duros golpes a los grupos criminales, desarticulando 271 estructuras de maras y pandillas, neutralizando 20 grupos de narcotráfico y decomisando droga valorada en más de 230 millones de dólares, reduciendo los homicidios en 1,200 aproximadamente; incrementando el control de las cárceles y construyendo nuevos espacios penitenciarios, fortaleciendo la capacidad de la PNC y de la Fuerza Armada con formación profesional de calidad, ascensos, promociones y equipamiento, e impulsando programa de prevención en las comunidades, y la promoción de la cultura como generadora de valores de convivencia y de paz; y desarrollaron el Plan Cero Grafitis de maras o pandillas, el Plan Actívate para la recuperación de espacios públicos y la creación de 23 Unidades de Atención a la Mujer por la PNC. Con Guatemala y Honduras lanzaron una fuerza trinacional para controlar y atacar el crimen transnacional. El gabinete de seguridad afirma que se ha pasado de 22 a 12 asesinatos por día, atribuidos al éxito en las medidas extraordinarias implementadas.

Una importante investigación presentada ayer afirma que el Ministerio de Educación (MINED) “está promoviendo el programa de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno... que podría representar una oportunidad de incorporar lecciones aprendidas y metodologías de estos proyectos para proveer a la comunidad educativa con protocolos a nivel nacional, con recursos humanos especializados (psicólogos), y capacitar a maestros para atender la prevención en las escuelas de una manera más articulada”, identificando dos retos: “mantener a los estudiantes en las escuelas, y reducir la violencia dentro del sistema escolar como un todo”, agregando que el reto más crucial es afrontar “el problema de la inserción laboral de jóvenes en riesgo, particularmente en el contexto de un crecimiento económico modesto y limitada generación de puestos de trabajo en el mercado laboral”. (Fundaungo, “Prevención comunitaria del delito en El Salvador: capital social y eficacia colectiva”, 2016).

Con baja capacidad de crecimiento y de generación de empleos decentes, recortes al presupuesto de salud y educación por el ajuste fiscal, y la amenaza que Trump deporte a miles de compatriotas con antecedentes criminales, la perspectiva social y de seguridad y la sostenibilidad de los logros alcanzados no son alentadoras en la segunda mitad del gobierno.

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