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De la utopía a la realidad

Estamos a solo dos días de que se cumpla un año más del Acuerdo de Paz.
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Infortunadamente, los 21 años transcurridos desde entonces han dejado la sensación de que sus presupuestos básicos se han ido desdibujando de manera creciente. Crecimiento con equidad, igualdad de oportunidades, paz social, seguridad ciudadana, institucionalidad democrática, como algo que anticipaba el cese del conflicto armado, parecen ser para muchos y en retrospectiva una quimera más que una expresión concreta de una sociedad que ha dado un gran salto de calidad.

No obstante, sería injusto no reconocer los avances logrados en algunos campos. Tenemos, por ejemplo, un mayor pluralismo político, pero sin un claro compromiso con los objetivos nacionales; un país más abierto al mundo, una sociedad más consciente de sus derechos (no tanto de sus deberes), designación de nuestros gobernantes por medios más transparentes, mayor libertad económica (aunque con frecuencia se abusa de ella), etcétera. Pero en el balance, hay una brecha clara entre aspiraciones y realizaciones. En el fondo –como lo hemos dicho en muchas ocasiones– lo que subyace es la presencia de problemas estructurales no resueltos y que con el paso del tiempo han tendido a complicarse, por el tratamiento de conveniencia que les han dado quienes han tenido la responsabilidad de enfrentarlos, tratando siempre de no incurrir en costos políticos, bajo la premisa pueril de que la historia será benevolente con ellos, irónicamente, por no haber tenido el coraje de actuar de manera consecuente. Y las primeras semanas del año que recién se inicia han servido para recordarnos una vez más que los problemas no desaparecen por un acto de birlibirloque, o escondiéndolos bajo la alfombra. La experiencia nos dice que eludirlos –y más aún, ignorarlos– es el peor daño que se le puede infligir a una sociedad, especialmente cuando en el imaginario colectivo se acrecienta la sensación de que la clase política piensa, razona y actúa con una visión cortoplacista y en función de sus propios intereses.

Las expresiones de descontento social que hemos observado durante los últimos días tienen la extraña coincidencia de estar ligadas a dos cosas: un trasfondo político y un esquema de prebendas cuya mezcla erosiona la institucionalidad y el orden, y, además, convierte los recursos públicos en un verdadero botín. Porque, ¿qué hay detrás, por ejemplo, de los desórdenes causados por los buseros y los excombatientes de la Fuerza Armada, más allá de la prédica de reivindicar derechos, sean estos reales o inventados? Simplemente, el tratamiento político irresponsable del problema involucrado. Y como al final lo que cuenta es el maldito dinero y por supuesto la compra de conciencias, las demandas encuentran una especie de legitimidad a partir del comportamiento arbitrario y opaco de una clase política prostituida, como lo decía recientemente un alto jerarca de la Iglesia católica.

Con independencia de las demandas monetarias que ambas agrupaciones están reclamando, por supuesto difíciles de satisfacer, sus actuaciones le han causado un enorme daño al país, a los trabajadores y en particular al sector productivo, que no levanta cabeza por la inseguridad física y jurídica, el manoseo de la institucionalidad y los mensajes nada alentadores del partido en el poder, como el último que envió su candidato a presidente desde Caracas. Pero esas demandas se originan en lo que yo llamaría un “efecto demostración perverso”, a partir del despilfarro de los recursos públicos en los tres órganos del Estado, con expresiones grotescas como la concesión de bonos, las caravanas de viajeros al exterior o los ostentosos gastos en regalos y obras de arte, cuando las finanzas públicas están virtualmente colapsadas.

Muchos ven en estas manifestaciones de desorden e irresponsabilidad financiera la antesala de un período muy convulso signado por la inestabilidad social y una lucha electoral poco edificante. Sin duda en 2014 tendremos un nuevo presidente que de alguna manera recogerá el espíritu de Chapultepec, pero que igualmente estará asediado –de mantenerse la actitud mezquina de la clase política– por la amenaza de la ingobernabilidad.

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