De nuevo a contar votos

La Sala de lo Constitucional admitió las demandas de amparo interpuestas por algunos candidatos a diputados por el departamento de San Salvador, por la alegada violación al derecho al sufragio pasivo o derecho a optar a cargos públicos.
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En su misma resolución, la Sala ordenó que el Tribunal Supremo Electoral proceda al recuento de votos correspondientes a la elección de diputados del departamento de San Salvador, advirtiendo que dicho recuento debería ser público, transparente, supervisado por la Fiscalía General de la República y finalizado a más tardar el 21 de abril del presente año.

Dadas las innegables y públicas irregularidades de los pasados comicios y dada la corriente jurisprudencial que ya traía la Sala desde hace varias sentencias relacionadas con el derecho al sufragio, lo decidido era hasta cierto punto predecible.

Valga señalar que en el presente caso, no estamos en presencia de una situación ni parecida con la que se presentó en las elecciones presidenciales de 2014, en las que, como sabemos, la Sala resolvió –por mayoría– que no se podía permitir el recuento de los votos emitidos. En aquel entonces los hechos analizados fueron muy distintos y la posición de 3 de los magistrados fue que la demanda era improcedente porque el acto impugnado –la negativa del Tribunal Supremo Electoral a permitir el conteo de voto por voto– no era de carácter definitivo y que no se evidenciaba una transgresión constitucional al derecho al sufragio ni al derecho a optar a cargos públicos.

Esta vez en cambio, estamos en presencia de un proceso de amparo en que se discuten violaciones constitucionales que podrían haberse causado por un acto que nadie duda que es de carácter definitivo: el acta de escrutinio definitivo en la elección de diputados. Y estamos además en presencia de irregularidades públicas y notorias que no han podido ser ignoradas ni por los mismos magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Sobre este último punto debemos hacer notar que la Sala de lo Constitucional hace uso de los razonamientos de al menos 3 de los 5 magistrados del TSE, quienes formalmente reconocieron la existencia de incongruencias, irregularidades u otras deficiencias que en sus propias palabras podrían llevar a la violación de derechos fundamentales de votantes y candidatos. Y también hace uso la Sala de lo manifestado por otro de los magistrados del TSE cuando a pesar de suscribir el acta de escrutinio definitivo, asevera que quedará la duda si pudo existir algún resultado distinto.

Ante el peso de tales declaraciones provenientes de la misma autoridad demandada, la Sala les ordena la realización del recuento de votos, les da un plazo para hacerlo y les establece requisitos mínimos que deben ser observados.

Nosotros compartimos plenamente lo resuelto por la Sala, pero también entendemos que podrán existir respetables criterios de quienes opinen distinto; eso es natural. Ahora bien, lo que no podemos entender y jamás vamos a justificar es que bajo el pretexto de no compartir lo resuelto, se intente desobedecer un mandato judicial; en un Estado Democrático de Derecho, las sentencias se cumplen y punto.

Los partidos políticos, sus candidatos y los mismos magistrados del TSE pueden opinar lo que quieran. Tienen todo el derecho a pensar distinto y expresarlo así públicamente. Pero lo que no pueden hacer es ignorar el mandato de la Sala. No pueden querer escudarse en un inventado concepto de control difuso de la constitucionalidad de una decisión proveniente del Tribunal judicial que precisamente es el máximo contralor de la constitucionalidad en nuestro país; eso es absurdo.

No podemos saber si en virtud del recuento ordenado, se modificarán los resultados del escrutinio definitivo, pero sí podemos saber que al hacerlo, estaremos bastante más cerca de que en realidad se respete la voluntad del electorado.

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