De pensiones y probidades (II)

Señores políticos, por sus ojos y oídos penetran los lamentos y las quejas de las mayorías:
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sedientas pero con incrementos en el cobro del agua; pésima salud pública y sin medicamentos en los hospitales; costo de la canasta básica creciente cada mes; manoseo de los fondos de pensiones; no hay más autoridad que la que imponen los delincuentes; no se ven policías en las calles; evidente caos político, social y judicial; la increíblemente monumental sordera y tozudez gubernamental ante el clamor popular; la criminalidad creciente (con participación de funcionarios o exfuncionarios y cuerpos de seguridad o militares); la fuga de empresas y agencias de cooperación extranjeras...

Es tiempo de pasar a la acción y hacer que la palabra “probidad” adquiera el sentido que le otorga el diccionario: moralidad, integridad y honradez en las acciones.

Un tribunal de probidad debe estar formado con personas idóneas y capaces de analizar con estricto criterio jurídico-contable las actuaciones de los funcionarios en general y con más énfasis en aquellos a quienes sus cuentas de capital final (ingresos y haberes) no sean congruentes con los salarios percibidos o los gastos superfluos (viajes, fiestas suntuosas, compras de vehículos o bienes perecederos) durante su gestión y generen dudas razonables de la integridad y honradez con la que manejaron los fondos públicos (tuyos, míos y de todo el pueblo mi querido lector).

Las pruebas de descargo deberán ser claras, fehacientes, sin prepotencias, sin amenazas, sin presiones políticas.

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