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¿De qué se trata la próxima elección de diputados?

Por el Imperio del DerechoHace unos 200 años, estas columnas no habrían sido bien recibidas. La tendencia en aquel entonces al hablar del imperio de la ley, era: el legislador, sabio y razonable en teoría, representaría al pueblo oprimido por una monarquía tirana.

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No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX en que la realidad se impuso: el legislador, lejos de ser sabio y razonable, estaba propenso a cometer varias decisiones erróneas e incluso a convertirse en un nuevo tipo de tirano. De este hallazgo se transitó del Estado legal de Derecho al Estado constitucional de Derecho, conceptos que siglos después aún guardan relevancia en nuestro país.

El Estado legal de Derecho suponía que la ley regulaba toda conducta humana con justicia y coherencia. Luego se comprendió que la ley no derivaba de un proceso necesariamente racional, sino eminentemente político. La revolución industrial transformó la sociedad al generar no solo dinámicas complejas entre patrones y trabajadores, sino una capa social más amplia y más plural que comenzó a participar en política. A esto se sumó la entrada del sufragio universal, que permitió que mujeres y hombres votaran en igualdad. Surgió entonces la necesidad de dos elementos claves en la adecuación del derecho a las nuevas realidades: una Constitución que otorgara unidad al ordenamiento jurídico y un cuerpo de jueces independientes que la hicieran cumplir.

Así inició el Estado constitucional de Derecho. En este, la Constitución es la norma suprema que establece distintos límites a las leyes que se encuentran debajo. En el caso de El Salvador, valores como la justicia, la seguridad jurídica y el bien común son los cimientos en los que cualquier cuerpo normativo debe descansar. Y de aprobarse una ley o realizarse un acto fuera de dicho margen, un juez debe intervenir y proveer pronta y cumplida justicia. De lo contrario, la dignidad y los derechos fundamentales de las personas quedarían a la merced de las arbitrariedades de los funcionarios públicos, guiados a veces por las razones equivocadas.

Esta es la razón de ser del CEJ; la edificación de un auténtico Estado constitucional de Derecho. Nuestra insistencia por una Sala de lo Constitucional independiente, que limite al poder político y garantice el respeto a los derechos constitucionales de los salvadoreños, no es un mero capricho. Nuestra dedicación por fortalecer el imperio del derecho se basa en principios construidos a partir de la experiencia humana a través de los siglos. Nuestro rechazo a una Asamblea Legislativa absoluta, que en nombre de la representación popular transgreda los límites constitucionales vigentes desde 1983, se debe precisamente a esta revisión histórica.

Un poder sin control está a un paso de convertirse en tiranía, tan peligrosa como el racionalismo francés o como las monarquías que le precedieron –o bien, como los regímenes establecidos en estas tierras desde hace siglos. Por ello, no basta una Constitución cuya prosa envuelva nobles aspiraciones; se necesita de jueces y magistrados independientes, con moralidad e instrucción verdaderamente notoria, que detengan cualquier aspiración de hacer retroceder a El Salvador a aquel país de reyes y súbditos. De eso se trata, entre otros asuntos, la próxima elección de diputados. ¿Sabremos comprometerlos de verdad a que escojan a los mejores candidatos a magistrados?

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