Debe reformarse la Carta Magna

La reforma de la Constitución de la República la vienen reclamando los distintos sectores ciudadanos para evitar tantas situaciones irregulares que según lo estamos comprobando en el momento actual, afectan la buena marcha de nuestro país y que a la vista de cualquier persona de mediana inteligencia constituyen actos de injusticia revertidos de aspectos legales.
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Tenemos el caso del artículo 172 de la Constitución de la República que establece: “El Órgano Judicial dispondrá anualmente de una asignación no inferior al seis por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado”, lo cual le permite a la Corte Suprema de Justicia hacer lo que para ellos es legal, pero que es injusto ante los ojos de los otros empleados públicos, al disponer de recursos que son generados por los impuestos de este pueblo que vive con grandes carencias económicas, mientras la mayoría de los empleados públicos tienen que conformarse con bajos sueldos y sin prestaciones.

Esto es a todas luces injusto aunque legal pero con el fin de corregir ese tipo de situaciones que año con año se repiten es necesario que se reconsideren algunos artículos constitucionales, como los 124, 125, 126, 131 y otros. También se debería de poner un límite a la reelección de los señores diputados, pues hay diputados que han tomado esos puestos a perpetuidad y hasta como que también los van heredando. Así mismo se deben de establecer requisitos más rigurosos para ser diputado, como el poseer una formación académica universitaria comprobada.

Asimismo a mi parecer no deben ser inmunes a los delitos que cometan, sino que se les debe tratar como cualquier ciudadano.

En este sentido debe tratarse que la ley sea aplicada de una manera universal, sin violar el artículo número 3, de nuestra Constitución, el cual reza de la siguiente manera: “Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles, no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios”.

También debería reformarse el artículo 131, numeral 19, relacionado con el nombramiento de los funcionarios de segundo grado, pues estos revisten gran importancia para el funcionamiento del aparato estatal, como es el caso del presidente de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la República, que de acuerdo con la reciente experiencia vivida son cargos tan importantes, que debe de buscarse otra forma más ágil para sus nombramientos, en vista de que en realidad no son ni tan secundarios.

Por lo anterior insisto en que es de orden primordial reformar nuestra Carta Magna, lo cual prácticamente es un clamor popular, que se alza para evitar esas grandes desigualdades institucionales, que pueden alterar la buena marcha de nuestro país. A todo lo que dejo relatado debe agregarse que tal como están presentándose las cosas, nuestro país parece vivir económicamente como nación del mundo desarrollado, cuando a su alrededor están gravitando muchas necesidades básicas en el aspecto económico que deben cubrirse a escala nacional.

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