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Debemos tener plena conciencia del riesgo que está corriendo el país por la situación de violencia e inseguridad imperante

Estamos muy lejos de una situación común de delincuencia en el terreno: lo que enfrentamos es un desafío de gran envergadura y de consecuencias imprevisibles si no se aplican cuanto antes todas las medidas organizadas que la realidad viene demandando desde hace ya bastante tiempo.
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El Gobierno estadounidense acaba de reiterar la alerta a sus ciudadanos sobre los peligros que implica viajar a El Salvador; y esto, más allá de la advertencia en sí misma, es una señal muy adversa para el país en general, porque la imagen que desgraciadamente se ha venido imponiendo internacionalmente es que el nuestro es un país hundido en una inseguridad que cada día adquiere más presencia destructiva en el ambiente. Esto se vuelve una marca terrible, que incide sobre todo lo que nos atañe, con las consecuencias adversas que vemos y padecemos de manera creciente en todos los órdenes de la vida nacional.

En el comunicado donde se reitera la advertencia antes mencionada se hacen importantes valoraciones sobre la realidad que se vive en nuestro país, y que no pueden ser tachadas de parcialidad como ocurre cuando las valoraciones provienen de opinantes nacionales. Se dice en el comunicado, para el caso, que la mayoría de los delitos graves nunca se resuelven, lo cual indica que la institucionalidad no muestra capacidad suficiente para encarar el reto al que se enfrenta. Y en una afirmación aún más enfática se apunta que “El Gobierno de El Salvador carece de recursos suficientes para investigar apropiadamente, procesar los casos y prevenir el delito”. Y al hablar de recursos es claro que no se hace referencia sólo a recursos económicos.

A todos preocupa, y en el comunicado del Departamento de Estado del Gobierno estadounidense se puntualiza tal preocupación, la galopante estrategia delincuencial de atacar a sangre y fuego a miembros de la Policía y de la Fuerza Armada. Esto implica un escalamiento agresivo contra las estructuras de la autoridad, para medir fuerzas en clave de control de la situación. Estamos muy lejos de una situación común de delincuencia en el terreno: lo que enfrentamos es un desafío de gran envergadura y de consecuencias imprevisibles si no se aplican cuanto antes todas las medidas organizadas que la realidad viene demandando desde hace ya bastante tiempo.

Hay que reconocer de manera franca y directa que nuestra estabilidad democrática está viviendo un ataque frontal a su supervivencia. Esto significa que habría que hacer frente común, que no sólo abarque la temática de seguridad, sino que se extienda a todas las cuestiones fundamentales. Y ahí calza el tema vital de la prevención, que aún está en pañales. En el entendido que esto tiene que darse en concordancia precisa y sin reservas con la lucha a fondo contra la criminalidad organizada en todas sus expresiones.

Como bien se señala en el comunicado que comentamos, los estudios de situación indican que actualmente son 50 los municipios más peligrosos del país. Esa suma ha crecido, y lo seguirá haciendo si no se detienen las metástasis con la eficacia del caso. Pero en lo que a imagen se refiere, es el país en general el que padece los efectos del estigma, y ya sabemos lo difícil que resulta cambiar imágenes de negativas a positivas, sobre todo en un mundo donde la inseguridad parece ganar terreno día tras día. Hay que tener plena conciencia de todo esto, para aplicarnos responsablemente al trabajo de restauración, tanto en la realidad como en la imagen.

Reiteramos el llamado a que todas las fuerzas nacionales dejen la obsesión de estar viéndose recelosamente entre sí para pasar al esfuerzo constructivo por enfocar entre todos al país como destino inmediato de progreso real y sostenible.

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