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Deben ser controlados y castigados todo tipo de acosos y amenazas contra los que se dedican a la función periodística

El caso más reciente es el agresivo ataque cibernético contra un periodista de LA PRENSA GRÍFICA desde una cuenta de redes sociales identificada como “Sociedad Civil”, afín al partido de gobierno y evidentemente conectada con altos personeros del área gubernamental.
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En nuestro país el ejercicio del periodismo en todas sus formas se ha venido ampliando y profundizando sobre todo en los tiempos más recientes, cuando los avances en el ámbito de la comunicación adquieren un progresivo y acelerado desarrollo. Es de destacar también que, dentro de dicha dinámica, las posibilidades y capacidades de investigación periodística también van adquiriendo mayor efectividad, lo cual está en directa consonancia con las aperturas que se van dando de manera expansiva en las áreas institucionales, pese a las resistencias de los que quieren seguir en el viejo juego. Al conjugarse estos dos factores lo que estamos viendo es un constante destape de conductas y de hechos que ya no pueden escudarse como antes tras los espesos velos de la impunidad.

El ejercicio del periodismo independiente siempre ha estado expuesto a los ataques provenientes principalmente de las esferas del poder en funciones; y hoy, con todo lo que puede hacerse en el ámbito cada vez más sofisticado de las redes sociales, los acosos, los ataques y las amenazas contra todos aquellos que laboran profesionalmente en el ejercicio de sacar a luz acciones y procederes violatorios de la legalidad proliferan en forma desesperada. Esto desde luego tiene una connotación delincuencial que no puede ser dejada de lado bajo ninguna excusa. Las autoridades correspondientes tienen que tomar cartas en el asunto de manera inmediata y eficaz, para controlar los daños, aplicar la ley a quienes resulten responsables de los mismos y sentar precedentes que disuadan de repetir semejantes abusos.

El caso más reciente es el agresivo ataque cibernético contra un periodista de LA PRENSA GRÍFICA desde una cuenta de redes sociales identificada como “Sociedad Civil”, afín al partido de gobierno y evidentemente conectada con altos personeros del área gubernamental. En dicha cuenta se ha señalado con nombre y apellido al periodista que recibe el ataque, exponiendo sus datos personales con el claro propósito de lograr la intimidación vía chantaje. Lo anterior tiene el efecto inmediato de generar toda clase de comentarios virtuales que conllevan amenazas directas contra la vida y la integridad personal del periodista aludido. Ante ello no basta desde luego con denunciar públicamente esta clase de agresiones tan graves; es preciso que la legalidad se haga valer, y para lograrlo las instituciones encargadas de investigar, esclarecer y perseguir actividades delictivas deben ponerse en marcha hasta las últimas consecuencias.

Y habría que asegurarse también de que los entes gubernamentales, de la índole que fueren, no continúen valiéndose en ningún sentido de los mecanismos del poder para impulsar o permitir situaciones que de cualquier manera caigan en el campo del delito. Esta es una responsabilidad saneadora que habría que promover a fondo en el ambiente, para que el ejercicio democrático no se desnaturalice por prácticas abusivas o criminales.

La libertad de expresión debe ser salvaguardada y protegida en todas sus manifestaciones, incluyendo desde luego la labor investigativa que es básica sobre todo en las actuales circunstancias. Si la ley se impone como debe ser, sin distingos de ninguna naturaleza, los infractores de la misma recibirán el castigo merecido y eso podrá frenar efectivamente a aquellos que quieran hacer lo mismo de aquí en adelante.

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