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Decisión histórica

¡Atención, conciudadanos! El Salvador está en un momento crucial de su vida institucional y debe fijar un curso de acción para derrotar la violencia delincuencial y a su vez lograr la cohesión social.
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Aquí se presentan tres vías: (1) militarización, (2) ciudadanización y (3) localización. La opción 1 no es compatible con la 2 ni con la 3.

Vía 1. Militarización. Significa ampliar el rol y la operación de la fuerza armada en el campo de la seguridad pública. Esta medida requiere, entre otros puntos, la suspensión de algunos derechos fundamentales a efecto de capturar y castigar a miles de malhechores. Sus principales objetivos serían aniquilar las bandas criminales y recuperar el control territorial. Un alto porcentaje de la población apoyaría esta medida y aceptaría la instauración de un régimen autoritario con tal de vivir en calma. Además, esta decisión tendría un alto costo de vidas humanas y haría depender la prevención de la violencia de los responsables de la fuerza pública. El mayor riesgo de esta opción es el quebranto del sistema democrático de libertades, el abuso del poder público y la inmovilidad ciudadana.

Vía 2. Ciudadanización. Significa fortalecer la organización, participación y acción ciudadana, especialmente en la regeneración del tejido social, la prevención de la violencia y la rendición de cuentas de la gestión pública. Esta operación requiere, entre otras medidas, desarmar a la población, restringir la venta de armas y redoblar los esfuerzos para una efectiva aplicación de la ley (investigación, persecución y castigo del delito). Asimismo, habría que mejorar la capacidad operativa de la PNC, corregir las fallas del sistema de justicia, aumentar el presupuesto de Educación y modernizar el sistema penitenciario. El mayor riesgo de esta opción es la lentitud en generar resultados tangibles, frente al rápido crecimiento de la economía criminal en todo el país.

Vía 3. Localización. Significa, por una parte, mejorar la inteligencia y efectividad de la acción punitiva a nivel territorial, y por otra, descentralizar servicios básicos y ampliar las oportunidades de inversión y empleo en los catorce departamentos. Las acciones prioritarias serían las siguientes: (1) labor policial durante 24 horas al día y 365 días al año en las localidades más conflictivas, (2) investigar el manejo y los flujos financieros del crimen organizado y (3) reinsertar a los jóvenes en riesgo al sistema educativo. Esta opción requiere, entre otras medidas, de una reforma fiscal y administrativa, así como de la cooperación pública-privada para ampliar la infraestructura social y económica en el interior del país. El mayor riesgo de esta opción es que habría un reacomodo en el poder público en momentos en que se necesita de una certera respuesta gubernamental.

En conclusión, las tres vías confirman que ningún gobierno o partido político –por sí solo– puede sacar adelante al país. Consiguientemente, la polarización ideológica es una ruta equivocada y equivale a un “suicidio político”. Por ello, conviene que el gobierno nacional diga si hay o no una “guerra social” y con base en esa respuesta, precise su plan de acción. De no haber respuesta oficial al respecto, una alternativa cívica sería que los rectores de las universidades acreditadas definieran el problema de la violencia delincuencial y elaboraran una propuesta viable para derrotar la corrupción, impunidad, desigualdad y criminalidad.

Tags:

  • violencia
  • militarizacion
  • bandas criminales
  • sistema judicial
  • pnc

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