Lo más visto

Defendamos nuestra institucionalidad

La crisis institucional que se ha generado como resultado del abierto desacato de algunos diputados de la Asamblea Legislativa a un fallo judicial, emitida por la única entidad que de acuerdo con nuestra Constitución puede decretar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, ha llegado a niveles alarmantes y a consecuencias impredecibles.
Enlace copiado
Enlace copiado
<br /><p>La Sala de lo Constitucional ha confirmado que la Corte Centroamericana de Justicia no tiene competencia para revisar una declaratoria de inconstitucionalidad, por lo que no tiene efecto alguno la atropellada medida cautelar decretada de manera sospechosa por esa institución. Aceptar lo anterior daría pie a que cada vez que la Asamblea o el presidente no estuvieran de acuerdo con lo resuelto por la Sala de lo Constitucional, invocaran la existencia de un conflicto entre Órganos del Estado y por ende sometieran la revisión de lo resuelto a la CCJ. Nunca fue ese el pretendido de quienes con visión integracionista decidieron la conformación de una entidad supranacional. Tal como otros ya han escrito: “¿A cuenta de qué un tribunal de integración no federal va a imponer sus decisiones sobre actos internos de un Estado libre, unitario, soberano e independiente?”</p><p>Algunos expertos han manifestado que si bien el Estado al ratificar los Estatutos de la CCJ ha cedido soberanía confiriéndole competencias, ha sido en materia de integración centroamericana, no así de interpretación y reformas constitucionales, por lo que, al acudir a la CCJ la Asamblea ha hecho una reforma indirecta y solapada a la propia Constitución, ya que está aceptando implícitamente una estructura diferente para el control de la constitucionalidad. Dicho de otro modo, se ha quitado el candado que el Constituyente puso a la Asamblea, para reformar la Constitución. Por ello, la sala declara inaplicable la resolución de admisión y suspensión del acto del CCJ. Por otra parte surgen serias dudas sobre la imparcialidad de la CCJ, conformada solo por tres países, cuando en un fallo de 2006, la misma CCJ se declaró incompetente para conocer del incumplimiento de una resolución referente al derecho interno del Estado y no a la integración centroamericana. Por otra parte, admitió con una celeridad sorprendente la demanda de la Asamblea, no así la interpuesta por el CEE y por el ISD la cual a más de una semana aún no ha sido admitida. Lo cierto es que el control de la constitucionalidad de un Estado no se le entrega a ningún órgano regional, supranacional o internacional, ni en el sistema comunitario europeo que es el más desarrollado del mundo. Sin embargo, estos diputados lo han hecho ya que se niegan a cumplir una sentencia judicial irrecurrible y han acudido a un tribunal regional. A las 12 de la noche de la última plenaria, con dispensa de trámite solicitada por FMLN, aprobaron una reforma a la Ley del Órgano Judicial para que la Corte Plena pueda instalarse solo con ocho magistrados, sin necesidad de que el presidente de la CSJ haga el llamamiento, allanando el camino para que los magistrados de 2012 entren el 1.º de julio. El CEJ hace una respetuosa exhortación a esos magistrados para que no se presten a la manipulación de los políticos ni al llamado de desobediencia de la Asamblea, ya que verían cuestionada su propia legitimidad; le pide al presidente de la República hacer cumplir la Constitución e interponer sus buenos oficiosos para procurar la armonía social y a los partidos políticos responsables de esta crisis, que busquen entendimientos dentro de la legalidad y que procedan a reelegir a los magistrados de 2006 y a elegir a los de 2012. La solución no es jurídica, es política y de ellos depende el restablecimiento del estado de derecho.</p><p>&nbsp;</p>

Tags:

  • opinion
  • editorial

Lee también

Comentarios