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Defender los intereses

En este ambiente de falta de confianza hacia las instituciones justificada la discrecionalidad y la ineficacia, es esperanzador que desde la institución que debe velar por los intereses del Estado y la sociedad, la Fiscalía General de la República, se estén dando señales a los burócratas.
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Del Estado y de la sociedad... Esa es la primera atribución del fiscal general de la República. Pero ¿cuáles son los intereses del Estado? Siendo el Estado soberano y planteándose que la soberanía reside en el pueblo y que el poder público emana del pueblo, cualquiera puede afirmar que los intereses del Estado son coherentes y pertinentes a los intereses de pueblo, ese pueblo organizado en sociedad.

Los intereses del Estado tienen que ver con sus atribuciones, atribuciones que están definidas y establecidas en la Constitución de la República. Hay problema de verbos, ciertamente, pero una cuidadosa lectura del contenido de la Constitución de la República hace posible identificar 98 intereses: en lo social (10), en la educación (17), en la salud (8), en lo económico (42), en el medio ambiente (1), en la vivienda (3 ), en la defensa de la soberanía (6) y en la gobernabilidad (11). Al Estado, al pueblo y a la sociedad le interesa que se cumpla, simple y sencillamente, el contenido del contrato social plasmado en nuestra Carta Magna.

Y ¿quién debe asegurar que se satisfacen los intereses del pueblo, de la sociedad y del Estado? Para esto existe el Gobierno, que está claramente descrito en el artículo 86 de la Constitución. Y ¿quién debe asegurar que el Gobierno cumple con sus atribuciones? Simple y sencillamente, los funcionarios y empleados del Gobierno, que son ni más ni menos delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley.

Los funcionarios no tienen ninguna libertad en el cargo que ocupan. Tienen obligaciones a cumplir y hacer cumplir. Se puede tener leyes y reglamentos obsoletos, contradictorios, con vacíos, con exigencias desfasadas con relación al desarrollo tecnológico y más, pero... si el funcionario es responsable y sabe para qué y por qué está ocupando el cargo, seguramente asumirá la oportunidad que su cargo le otorga para promover iniciativas de ley.

El presidente de la República por medio de sus ministros tiene iniciativa de ley; la Corte Suprema de Justicia en materias relativas al Órgano Judicial, al ejercicio del Notariado y de la Abogacía, y de la jurisdicción y competencia de los tribunales, tiene iniciativa de ley; los concejos municipales en materia de impuestos municipales tienen iniciativa de ley; y los diputados del Estado de El Salvador que integran el Parlamento Centroamericano tienen iniciativa de ley en materia de integración centroamericana. Pero, todos, sin importar el cargo, la simpatía política o el color partidario, están obligados a hacer lo que la ley les ordena. No más. No menos.

Por esta razón, las medidas que el fiscal general de la República ha tomado como resultado de la investigación sobre la participación de los funcionarios públicos en la tregua con los pandilleros generan esperanza por el precedente que se crea en cuanto a las decisiones, acciones y omisiones de los funcionarios públicos. En el Gobierno ningún empleado ni funcionario tiene la potestad de hacer lo que se le ocurre ni lo que se le da la gana. Los funcionarios y empleados del Gobierno deben hacer que la administración funcione para asegurar el bien común, ese bien común que es interés del Estado y de la sociedad, intereses que debe defender la Fiscalía General de la República.

Hay instituciones involucradas en el desempeño y los resultados, en la ética y en la transparencia de los funcionarios y empleados públicos. Hay marco legal y reglamentario para hacer creer a los ciudadanos que hay institucionalidad que asegura decisiones legales y los resultados esperados. Pero... los resultados no se ven, y por esta razón, la credibilidad y la confianza institucional se han perdido.

En este ambiente de falta de confianza hacia las instituciones justificada la discrecionalidad y la ineficacia, es esperanzador que desde la institución que debe velar por los intereses del Estado y la sociedad, la Fiscalía General de la República, se estén dando señales a los burócratas. Los empleados y funcionarios públicos no pueden irrespetar la ley. Y en el caso de la tregua ¿cuántos más están implicados? Identificaron los mandos medios y ¿quiénes son los que dieron las órdenes? O ¿quiénes son los que “dejaron hacer” irrespetando sus atribuciones? Ojalá que los burócratas que deben declarar superen sus miedos a identificar a los involucrados, simple y sencillamente por el bien común.

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  • tregua
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