Defensa de la Constitución

La Constitución es un mandato para ser cumplido por todos sin excepción. Pero ello exige una garantía, es decir, un procedimiento para su defensa.
Enlace copiado
Defensa de la Constitución

Defensa de la Constitución

Defensa de la Constitución

Defensa de la Constitución

Enlace copiado
Las amenazas a tal garantía se contienen en su incumplimiento. Frente a esto surge la defensa ordinaria de la Constitución, que es el control de constitucionalidad de los actos de los poderes públicos.

En tiempos normales el control de la constitucionalidad mantiene la vigencia de la Constitución. Persigue garantizar la supremacía de la Constitución. Establece los principios fundamentales de la comunidad política, por encima de las diferencias sociales, culturales o religiosas.

La Supremacía Constitucional tiene dos vertientes: la formal, que significa que la norma constitucional, por su origen y función, no puede ser alterada o modificada sino por su propio procedimiento. Por otra parte, la material, que significa que tampoco puede ser contradicha.

Surge un principio: Ninguna norma o acto puede oponerse al mandato constitucional, ni existe acto de autoridad exento de control constitucional, el cual se ejerce desde la jurisdicción constitucional, que es la que enjuicia toda la actividad del poder desde el punto de vista de su constitucionalidad.

El control descansa en abstracto en los jueces; y en concreto en la Sala de lo Constitucional que es el guardián de la Constitución; la doctrina le llama Comisario del Poder Constituyente. Vela porque los órganos constitucionales conserven su estricta calidad de poderes constituidos. Que acaten la Constitución.

Es universalmente aceptado que las violaciones constitucionales de la autoridad, estatal o no, merecen ser corregidas con rigor. También es de universal aceptación que el control constitucional dependa de nuestra propia cultura jurídica. Ninguna institución estatal nace perfecta, ni tampoco puede ser eterna. El control constitucional es esencialmente mejorable y debe ampliarse en su capacidad instalada; las omisiones inconstitucionales deben ser incluidas expresamente en el ámbito de control, así como la actividad de los particulares.

El Salvador no puede retroceder en su constitucionalismo, para una mejor sociedad, para el tan pregonado “buen vivir”.

Nuestra convicción es que la jurisdicción, el control y la interpretación constitucional tienen que vigorizarse, sin áreas excluidas, y debemos ir erradicando las teorías del “self-restraint” y de las cuestiones políticas no justiciables.

El ataque de los políticos en el Gobierno es para destruir la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por incomodarlos cuando en sus fallos reconoce la ineptitud gubernamental de hacer las cosas dentro del marco de la Constitución. Especialmente la Asamblea Legislativa desde su presidencia. No logran entender que un gobierno sin un sistema judicial de control siembra la semilla de su propia autodestrucción.

A nadie sorprende ver una estrategia generalizada en América Latina, de parte de los gobiernos socialistas, de buscar el poder total. Intentan hacer prevalecer la política sobre el Derecho, a toda costa.

Los ciudadanos debemos tener presente que el Derecho es el instrumento de convivencia social por excelencia; y que la evolución de un Estado legal de Derecho a un Estado Constitucional de Derecho se está dando en El Salvador. Que el ser humano es el principio orientador de toda la acción estatal. Que el Estado está hecho para el hombre, no el hombre para el Estado.

Esta es la confrontación salvadoreña: Estado Constitucional o Socialismo del siglo XXI.

Tags:

  • constitucion
  • sala constitucional
  • partidos
  • asamblea legislativa

Lee también

Comentarios

Newsletter