Del acuerdo de pensiones al de sostenibilidad fiscal

Economista/analistaA pocos días de un nuevo impago y de otros que le seguirían periódicamente en el año y medio que les queda de gobierno, obligándolos a recortes sociales, subsidios y aumentos de impuestos más profundos con enormes costos políticos y electorales, el gobierno y su partido finalmente se involucraron en la negociación de un acuerdo de pensiones propuesto por las AFP y el sector privado y mejorado por los partidos de oposición. Después de tan difícil, compleja y relevante negociación, estamos ahora obligados a capitalizarla avanzando a un acuerdo de sostenibilidad fiscal.

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Con el respaldo del sector privado (particularmente de las AFP) y político de los partidos de oposición, y una constructiva interlocución con el secretario técnico Roberto Lorenzana respaldado por el presidente, el diputado Rodolfo Parker tomó la iniciativa, articulando una propuesta integradora financieramente sostenible y políticamente conveniente para todas las partes involucradas, cerrando la negociación final con las diputadas Lorena Peña y Norma Guevara. Se aprobó la reforma con 74 votos siendo sancionada inmediatamente después por el presidente.

Con este acuerdo se respetó la propiedad y administración privada del ahorro de los trabajadores, se mejorará progresivamente su rentabilidad, y se establecerá una pensión vitalicia para los cotizantes; se evitó el inminente impago aprobando nueva deuda por $168 millones; se reestructuró la deuda previsional, reduciendo la contribución fiscal al financiamiento de las pensiones, ahorrándole al Estado anualmente hasta 1.1 % del PIB en 5 años, mucho más de lo solicitado por el ministro de Hacienda y de la propuesta original de la Iniciativa Ciudadana; y se mejoró la calificación del riesgo crediticio del país, quedando pendiente la ampliación de la cobertura en materia previsional que depende del crecimiento de la economía y de la creación de empleos decentes.

Pero la reforma de las pensiones no resolvió el problema estructural de las finanzas públicas que continúan siendo insostenibles con un crecimiento proyectado de la economía a mediano plazo de 2 % y una deuda pública que con la actualización de las cuentas nacionales ya supera el 70 % del PIB.

Al día siguiente de la celebración del extraordinario acuerdo, el gobierno presentó el presupuesto 2018 que asciende a $5,498 millones, un 10.9 % mayor del anterior, con requerimientos de financiamiento de $554 millones. El mismo día del acuerdo de pensiones la embajadora de Estados Unidos felicitó a la Asamblea Legislativa, agregando: “Ahora pueden empezar con una ley fiscal, es el próximo paso”.

En efecto, si el espacio fiscal y el tiempo político ganado con el acuerdo de pensiones se dilapida en mayores gastos sin generar mayores ingresos, el mismo acuerdo de pensiones podría confrontar problemas crecientes de viabilidad, conduciendo a riesgos de impago, a mayores ajustes fiscales y a un mayor estancamiento o retroceso social.

Un acuerdo de sostenibilidad fiscal debería crear las mejores condiciones para desatar la creación de riqueza liderada por la inversión privada que debería doblarse del 11-12 a más del 20 % del PIB, complementada por la inversión pública que debería doblarse del 2.5 al 5 % del PIB para lograr crecimientos sostenidos anuales superiores al 5 %. Adicionalmente, se estudiaría una reforma fiscal integral pro-inversión y crecimiento que aumente los ingresos fiscales del 15.5 a más del 20 % del PIB en 4-5 años. Pero este acuerdo en los próximos dos años enfrentaría más obstáculos que los superados por el reciente acuerdo de pensiones.

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