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Del lado equivocado de la historia

Eran principios de los ochenta y Centroamérica sangraba internamente: Guatemala, El Salvador y Nicaragua libraban cada uno un conflicto armado interno; y como daño colateral, Honduras también se estaba viendo afectada. Con la finalidad de acabar este baño de sangre y su posible expansión a otros países de Latinoamérica, un grupo de cuatro países decidió mediar y conformar el Grupo Contadora, que agrupaba a Colombia, México, Panamá y Venezuela.
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No hace falta mencionar la importancia que tuvo Contadora en el proyecto de pacificación de Guatemala, Nicaragua y, sobre todo, nuestro país, El Salvador. La mediación de estos cuatro países (posteriormente se agregarían Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, que crearían el Grupo de Apoyo a Contadora) fueron la base para Esquipulas I y Esquipulas II, dos instrumentos jurídicos donde los países centroamericanos asumían su compromiso con la democracia, la seguridad y la paz. Este último sentaría las bases para la paz en Guatemala, con la firma del Acuerdo de Oslo de 1990, y en El Salvador, con el Acuerdo de Chapultepec de 1992.

Han pasado 34 años desde que se conformó Contadora y uno de los países que nos ayudaron a alcanzar la paz pasa por una etapa difícil en su historia democrática. Venezuela lleva cuatro meses en protestas, 153 personas asesinadas y más de 5,000 personas detenidas. El dolor humano ha trascendido sus fronteras y las redes sociales facilitan para que nos demos cuenta cómo el Gobierno venezolano asesina a su propio pueblo y captura a los supuestos enemigos de la patria en sus propias casas.

Lo anterior debería llevarnos a pensar que la postura gubernamental de El Salvador sería de total apoyo hacia el pueblo venezolano y de rechazo a cualquier intento por erosionar la democracia del país suramericano. Sin embargo, la postura de la administración Sánchez Cerén ha sido dar un espaldarazo a la dictadura venezolana tanto en sus comunicados y participación en espacios de debate a escala internacional como la Asamblea General de Naciones Unidas; y a escala regional, las sesiones del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.

En lugar de retribuir la ayuda que nos proporcionó Venezuela durante nuestro triste episodio del conflicto armado, el Gobierno salvadoreño ha decidido apoyar un régimen que viola los derechos humanos y las libertades de su propio pueblo. Por si no fuese poco, le ha congratulado por las medidas antidemocráticas que ha tomado, por ejemplo, el “extraordinario proceso electoral” de la Constituyente celebrado el pasado domingo. La posición que ha tenido nuestro gobierno no debería leerse en términos ideológicos (Chile es gobernado por la coalición de izquierda Nueva Mayoría y ha rechazado la Constituyente), sino como su compromiso con la democracia y los derechos humanos.

En países como El Salvador, la política exterior no se suele tomar en cuenta, probablemente porque el papel que podemos jugar en el Gran Tablero Mundial es muy limitado. Sin embargo, la crisis venezolana pudo haber sido aprovechada para demostrar el supuesto “pragmatismo” del que tanto ufana la cancillería salvadoreña y posicionarnos como un país que puede tener liderazgo en situaciones como esta. Tristemente, el Gobierno salvadoreño ha decidido colocarse del lado equivocado de la historia.
 

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