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Democracia, no partidocracia

Cuando se discutió el art. 85 Cn., que fue aprobado por todos los partidos políticos de la Constituyente de 1983, se expresaron diversas opiniones; la mayoría señalaba que el acceso al poder solo podría hacerse por la vía democrática, por medio del voto y jamás por medio de las armas, excluyendo así la posibilidad del FMLN de llegar al poder, por medio de su acción guerrillera.

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La redacción de la Constituyente del art. 85 fue poco clara al establecer que “el sistema político... se expresa por medio de los partidos políticos”, pero peor señalando que “son el único instrumento para la representación del pueblo dentro del Gobierno”, institucionalizando así los partidos políticos como entidades casi independientes de sus miembros, convirtiéndolos en los representantes del pueblo y a los funcionarios en personas obedientes a cúpulas partidarias de diez, veinte personas, que son los que mandan, no el pueblo que los nombró y que integra los partidos.

Al admitirse las candidaturas no partidarias para diputados y la no participación política de los funcionarios electos por la Asamblea Legislativa (magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, fiscal, etcétera), la participación de candidatos a funcionarios públicos por su pertenencia a un partido político ha quedado limitada al presidente y vicepresidente de la República por lo que es de lamentar que las cúpulas partidarias pretendan ejercer el poder utilizando los escaños legislativos, pues los diputados que deberían representar al pueblo salvadoreño, sin distinción de ideologías, resulta que solo sirven de portavoces de sus cúpulas partidarias, cuyas instrucciones siguen, por lo que una opción sería reducir el número de representantes a quince o veinte, y que continúe el sistema de votación en nombre de los partidos políticos, pero con un número de votos proporcional a los votos recibidos por cada partido en su elección.

La Constitución de 1950 establecía que por cada departamento se elegirían tres diputados propietarios y dos suplentes, que podría aumentarse si fuera mayor de 150,000 habitantes (por departamento), es decir un propietario por cada 50,000 votantes, pero por el aumento poblacional podría pensarse en establecer 42 diputados, uno por cada 100,000 votantes, incorporando en las papeletas de votación los candidatos a diputados suplentes con el voto directo del pueblo. Sabemos que tales propuestas no alcanzarían ni un tercio de votos porque no es un aumento de sueldos, gastos de representación o viajes.

Por la diversidad de materias a tratar por los diputados siempre debe existir asesoría, para lo cual la Asamblea necesita un cuerpo de expertos en diferentes ramas, pero para la Asamblea, pues los asesores son pagados con los impuestos provenientes del pueblo salvadoreño y su selección debería hacerse con base en conocimientos, honradez, experiencia, etcétera, no por parentesco, amistad o afiliación partidaria, para que gocen de independencia de criterio y puedan asesorar por materias, p. ej. para cada una, diez para Economía, Hacienda y Trabajo, cinco para Relaciones Exteriores, Agricultura, Educación, Salud, etcétera, que serían más efectivos en sus funciones en interés del pueblo salvadoreño.

Por supuesto que los partidos políticos también necesitan asesoría y deben obtener lo mejor, con gente de su línea de pensamiento, pero deben ser pagados por ellos, o voluntarios como originalmente asesoraron al FMLN, ARENA, PCN, DC, etcétera, con la finalidad de servir al país y a los principios del correspondiente partido.

No se puede dejar de criticarse al actual gobierno por haber creado una enorme cantidad de plazas (¿50,000?), seguramente muchas innecesarias, que tiene que pedir al legislativo la aprobación de préstamos o impuestos al pueblo, para cubrir mayor burocracia y despilfarro, generadores de mayores costos a la producción y precios.

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