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Derecho al honor y obligación de verificación intensa

El 15 de febrero del presente año, la Sala de lo Constitucional resolvió las demandas de inconstitucionalidad que habían sido interpuestas contra los art. 277 y 277-A del Código Tributario.
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En resumen, estos artículos posibilitan que la Administración Tributaria divulgue los nombres de los sujetos que posean deudas tributarias firmes, líquidas y exigibles; como también permiten que la Dirección General de Impuestos Internos divulgue extractos de resoluciones, avisos y sentencias emitidas por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

La Sala resolvió que tales disposiciones no tienen la inconstitucionalidad alegada, pero a la vez sentó importantes criterios que trascienden más allá del ámbito que en esta oportunidad se analizó. En su sentencia, la Sala entró a confrontar el derecho a la autodeterminación informativa, frente al derecho de acceso a la información pública y el principio de máxima divulgación, concluyendo que es factible que la autoridad tributaria divulgue información, pero bajo la premisa de que cumpla intensamente con el deber de verificar la información que divulga.

Nos parece sumamente importante que se entiendan las expresiones de la Sala, sobre todo porque –como apuntamos– esta exigencia de verificación intensa no puede limitarse al ámbito tributario. Abarca otras actividades desarrolladas por autoridades como la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General de la República, quienes antes de exhibir a presuntos delincuentes deben revisar de manera exhaustiva y sistemática el cumplimiento de requisitos mínimos que garanticen la presunción de inocencia.

En su sentencia, la Sala pasa por hacer notar que el honor consiste en la reputación, fama o buen nombre de los que goza un individuo frente a los otros, enfatizando el hecho de que todo ser humano tiene derecho a ser tratado de manera compatible con su dignidad; y que justamente por eso, se debe asegurar que toda persona reciba la consideración y valoración adecuadas a su dignidad y a sus derechos fundamentales.

El honor –dice la Sala– es el derecho fundamental de toda persona a no ser humillada ante sí o ante los demás. Todas las personas son titulares de este derecho y gozan de protección en toda circunstancia. Esto implica que las personas tienen derecho de estar protegidas contra cualquier ataque ilegal, arbitrario y abusivo, y solo en casos de extrema necesidad, y cuando exista un legítimo interés público o para proteger y garantizar otros derechos fundamentales, puede limitarse este derecho.

Refiriéndose siempre al honor, la Sala reconoce que las personas jurídicas también son titulares de este, el cual se concreta en el buen nombre, prestigio o fama comercial o industrial por parte de las personas jurídicas.

Todo este análisis se realiza para concluir que en el caso específico de la divulgación de deudores del fisco, al realizarse publicaciones antes de que las resoluciones sean definitivas, tales divulgaciones escaparían del control que a su titular le atribuye el citado derecho, pudiendo generar un gravamen desproporcional sobre este.

Siendo así, es imperativo que la administración tributaria espere que las decisiones hayan adquirido absoluta firmeza antes de pretender divulgar la información. Además, hacerlo de otra manera significa atribuirles una responsabilidad que aún no está decidida.

Esto es completa y absolutamente trasladable a las imputaciones en el ámbito penal; es precisamente lo que hemos venido diciendo en las últimas semanas. Las autoridades correspondientes deben adecuar su conducta de forma tal que no se vulnere innecesaria, anticipada e irremediablemente, el derecho al honor de las personas sujetas a una investigación.

Debe perseguirse y sancionarse a los deudores del fisco, como también debe penarse a los responsables de hechos delictivos. Lo que no se puede es actuar como si se anticipara la condena o sin verificar intensamente.

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