Descapitalización

El país se descapitaliza social y culturalmente con la emigración con serias consecuencias. Y este fenómeno, por más iniciativas que se planteen para detenerlo, difícilmente baja velocidad. La gente se arriesga buscando otros horizontes.
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La descapitalización significa pérdida de riqueza social y cultural. La sociedad se descapitaliza con la emigración. Se va la población en edad productiva buscando mejores oportunidades en otros países, especialmente Estados Unidos. La gente que se va huyendo de la inseguridad, de la delincuencia o simplemente en busca de oportunidades. Todos los que se van han tenido acceso a servicios de educación y salud, sobrevivieron en condiciones no siempre favorables y en general lograron un promedio de escolaridad superior a la media. El país se descapitaliza social y culturalmente con la emigración con serias consecuencias. Y este fenómeno, por más iniciativas que se planteen para detenerlo, difícilmente baja velocidad. La gente se arriesga buscando otros horizontes.

La descapitalización también se registra en las instituciones. Y esto también es grave. Es grave porque las instituciones invierten significativos recursos en la contratación de personal para que ocupe diferentes puestos asumiendo el costo de su inducción y entrenamiento hasta que se logran las competencias necesarias. No es fácil ni barato entrenar al personal para que desarrolle la capacidad de dar los resultados en la producción de bienes o en la prestación de servicios. Las empresas que tienen una elevada tasa de rotación de personal tienen que asumir el entrenamiento y nuevo entrenamiento entre sus costos de operación. Y en las instituciones públicas ¿quién asume el costo?

Pregunto ¿quién asume el costo de la descapitalización institucional en el sector público? En las instituciones de gobierno, central y local, cada cambio de gobierno significa cambios de personal. No importa quién está o no capacitado para el ejercicio de su cargo. No importa cuánto se ha invertido en su preparación. No importa cuánto tiempo tiene de laborar prestando servicios. No importa en cuántas oportunidades de formación ha participado en el extranjero. No importan las relaciones institucionales que están bajo su responsabilidad. Cuando cambia la administración de gobierno, no importa perder la inversión en la formación y desarrollo de recursos humanos. Aduciendo falta de confianza, salen sin más ni más. Ningún partido político se salva de esta práctica de descapitalización institucional.

Aunque, debe destacarse que durante estos dos periodos de gobierno, empleados y funcionarios de diferentes instituciones y niveles de la administración han recurrido a la Sala de lo Constitucional para demandar sus derechos laborales. Con estos casos se ha sentado precedente sobre el derecho individual. Sin embargo, los casos han puesto en evidencia, una vez más, la importancia de tomar en serio la necesidad de rediseñar el sistema de ingreso, de contratación y de evaluación, para la retención, el desarrollo y hasta la suspensión de personal. ¿Mérito o compadrazgo? ¿Mérito o amiguismo? ¿Mérito o relación familiar? Lo que se conoce de casos “irregulares” en todas las instituciones del Estado demuestra que el mérito es lo que menos importa.

El quinquenio pasado, con apoyo de Cooperación Española, la entonces Secretaría de Gobernabilidad en el área de la Modernización del Estado inició una tarea estratégica, la tarea de evaluar e intentar regular la carrera en la administración pública, carrera que tiene un marco legal obsoleto y una institución reguladora con poco o nada de brillo. Fue un proyecto grande, con diagnóstico y con propuestas. Fue difundido y ampliamente consultado. Salieron a luz problemas como la variación, sin causa justificada, de salarios entre distintas instituciones del mismo Órgano y mayores diferencias, entre los diferentes Órganos del Estado. Esto se analizó con miembros de sindicatos. ¿Y? Salió a luz la dispersión o la falta de criterios y exigencias para el ingreso a la función pública; salió a luz el compadrazgo, el amiguismo y más. Con ese diagnóstico hicieron propuestas orientadas a una gestión legal y administrativa para asegurar la meritocracia. Hubo conferencias internacionales con experiencias valiosas. Hubo consultas. Hubo consultorías y más.

¿Qué ha pasado? Cambió el gobierno y nadie ha dicho nada al respecto. ¿Se engavetó el proyecto? Ni siquiera se conoce de iniciativas para sensibilizar a la población sobre la importancia del tema. ¿De qué sirve tener buenos y prestigiosos ministros, presidentes y directores generales, si se carece del recurso y talento humano para cumplir con los objetivos y atribuciones institucionales? Se elaboró un anteproyecto de ley, se discutió un anteproyecto de ley, se generaron diversas opiniones sobre ese anteproyecto de ley, se introdujeron cambios al anteproyecto de ley. Y, ¿dónde quedó el mérito?

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