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Desconfianza institucionalizada

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Luis Laínez / Subjefe de Información de LA PRENSA GRÁFICA

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Un Estado moderno se basa en instituciones sólidas y confiables. Una sociedad no puede avanzar si está a la deriva, si no tiene planes y simplemente improvisa. Pero centrémonos en las instituciones, especialmente en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ahora que estamos a menos de un mes de las elecciones presidenciales. El TSE surgió de los Acuerdos de Paz de 1992 para sustituir al Consejo Central de Elecciones (CCE). La Constitución de la República dice que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral. Sin embargo, la anterior Sala de lo Constitucional decretó que las elecciones (como casi todo en El Salvador) tenían un ángulo constitucional y, por ende, estaba bajo su jurisdicción y por eso creó las candidaturas no partidarias exclusivamente para diputados y no para presidente y alcaldes. De ahí que vemos al TSE dedicarse casi en su totalidad a organizar elecciones y lo vemos muy poco sentando jurisprudencia electoral (nuevamente, la Corte Suprema de Justicia: el PSD ha pedido amparo ante la Sala de lo Constitucional para evitar ser cancelado, algo que la supuesta máxima autoridad en materia electoral ya definió, dado que no recibió suficientes votos y tampoco ganó al menos un diputado).

Esta incertidumbre de quién es realmente el último que tiene la palabra en materia electoral le mete una dosis extra de desconfianza a una institución que, paradójicamente, se fundamenta en la desconfianza.

Como casi todos los organismos electorales en Latinoamérica, el TSE funciona relativamente bien gracias a la desconfianza de los políticos hacia otros políticos. En el TSE hay delegados de todos los partidos políticos (incluso los nuevos, los que no tienen diputados ni alcaldes tienen acceso a la Junta de Vigilancia Electoral, pero también tienen incidencia en el organismo colegiado), quienes vigilan que sus contrapartes no hagan más de lo que deben. Las elecciones, de este modo, se convierten en un ejercicio de vigilancia a múltiples bandas. Todos tienen los mismos datos y verifican que nadie los tenga diferentes, para garantizar que lo ganado no le queda a otro.

Por eso es que cuando alguien que compite en una elección sale diciendo que hay fraude no hace más que meterle otra incertidumbre externa hacia una institución que ha hecho de la desconfianza su principal motor. Pero hay que ser claros, no se puede pensar en el "fraude" porque, sencillamente, no es algo que se pueda hacer sin que todos lo ignoren. No es como ofrecer como alcalde traer al municipio una inversión de mil millones de dólares y jamás cumplir o presentar como megaobra el alquiler de un inmueble cuyo costo triplique el valor original y genere pérdidas. Esos son fraudes, pero acusar que uno o dos partidos definan una elección a espaldas de todos es, realmente, una muy mala estrategia de propaganda.

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  • Luis Laínez
  • TSE

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