Descontento ciudadano

En 1972 (hace 45 años), miles de conciudadanos fueron testigos de un masivo fraude en la elección presidencial en que perdió José Napoleón Duarte. Esa irregularidad se repitió en 1977. Luego vino un golpe de Estado militar, octubre de 1979, encabezado por los coroneles Jaime Abdul Gutiérrez y Adolfo Majano en vista de la incapacidad del gobierno del general Romero para poner fin a la violencia política que venía dividiendo y enlutando el país. En pocas palabras, los militares ostentaban el poder público y el movimiento popular se radicalizaba. Los años setenta fue una época irracional e insostenible.
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En 1980, fue asesinado monseñor Óscar Arnulfo Romero por defender los derechos humanos y manifestar su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política. En 1981, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional lanzó la “ofensiva final” contra el gobierno, en el marco del triunfo sandinista y la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca. En 1989, se dio la ofensiva guerrillera “hasta el tope” y se produjo la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas de la UCA por parte de un pelotón de la fuerza armada. Los ochenta fue una década de odio y sangre.

El infame crimen de los mártires de la UCA causó una gran indignación y aumentó la presión internacional para que el gobierno y la guerrilla iniciaran un diálogo-negociación para finalizar la guerra civil. En 1992, se firmó el Acuerdo de Paz y se abrió una oportunidad para construir una institucionalidad a favor de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, los gobernantes optaron por aplicar políticas economicistas (los negocios eran más importantes que las personas) y rechazar la localización. Esto significa que se descuidó la relación población-territorio, se abandonó el agro y se acrecentó la emigración (desintegración socio-familiar). El fin del siglo XX e inicio del XXI fue un período de luces y sombras.

En 2009, se da la primera alternabilidad en la Presidencia de la República por vía democrática. La ciudadanía les dio una oportunidad histórica a los “socialistas” para hacer los cambios requeridos de una manera civilizada y gradual. Nada de eso sucedió. No hubo voluntad ni capacidad. La brecha entre gobernados y gobernantes ha seguido creciendo. El avance en la lucha contra la corrupción e impunidad se ha debido primordialmente a la diligencia de la Sala de lo Constitucional y recientemente de la FGR. La descomposición social, la violencia delincuencial y el desempleo permiten afirmar que la democracia y el desarrollo sostenible están cada día más lejos del suelo cuzcatleco. La presente década es sinónimo de desencanto y decadencia.

Conclusión: la historia salvadoreña demuestra que el descontento ciudadano ha sido una constante y se ha expresado de varias maneras: democráticamente (votando y protestando), violentamente (sufriendo la guerra civil) y socialmente (emigrando). Es clave, entonces, que el malestar ciudadano sea bien canalizado. El reto está en que los ciudadanos (gobernados) no se limiten a votar en las elecciones. ¿Cómo? Participando o apoyando a iniciativas cívicas y movimientos sociales que se esfuerzan por anular el riesgo que el país sea gobernado a través del caos y la fuerza. Consiguientemente, la tarea ciudadana es usar los medios democráticos disponibles para defender sus derechos e intereses.
 

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  • descontento
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