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Despertemos al Tribunal de Ética Gubernamental

En este año debe elegirse a cuatro de los cinco miembros del pleno del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG); entre ellos a su presidente.
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El TEG se creó mediante la Ley de Ética Gubernamental, que entró en vigor el 1 de julio de 2006. Su objeto es normar y promover el desempeño ético en la función pública del Estado y los municipios. Esto lo deben hacer mediante acciones promocionales y represivas.

Las acciones represivas se manifiestan en un régimen sancionatorio. El TEG puede imponer multas a funcionarios o exfuncionarios por incurrir en algunas de las conductas tipificadas como infracciones a la ética gubernamental.

La Ley de Ética Gubernamental y el TEG generaron muchas expectativas en una sociedad ávida de una efectiva lucha contra la corrupción. Pasaron los primeros años, y esas expectativas no se cumplían. El argumento que sostenían los titulares de esa primera administración del TEG era que carecían de suficientes “dientes”. En particular cuestionaban que la ley no les facultaba para iniciar oficiosamente los procedimientos sancionatorios. Esto, decían, les impedía actuar con propiedad en defensa de la ética en la función pública.

Pero en 2011 ocurrió un evento que marcó a la institución. El TEG declaró improcedente una denuncia presentada contra el expresidente Mauricio Funes por realizar viajes familiares en un jet particular que gratuitamente le habría prestado un empresario hasta ahora desconocido.

Tal circunstancia –abiertamente aceptada por el exfuncionario– merecía por lo menos que se admitiera a trámite la denuncia, y que en la resolución final se determinara si eso constituía o no una dádiva. De resolverse que sí lo era, entonces habría correspondido que se le impusiera una sanción al exmandatario. Pero al rechazar proseguir ese procedimiento hasta su fase final, el TEG asentó en muchos la impresión de que la “falta de dientes” era solo una excusa para ocultar una deliberada intención de incumplir con sus funciones, o cumplirlas tibiamente.

Sin perjuicio de ello, el 1 de enero de 2012 entró en vigor una nueva Ley de Ética Gubernamental. Con ella finalmente se otorgó la facultad al TEG de actuar de manera oficiosa con lo cual tal justificación desaparecía. También en ese año nuevas personas llegaron al pleno del TEG. Todo ello generó nuevas y crecientes expectativas.

Pero ni la nueva ley, ni la renovación de sus autoridades cumplieron tales expectativas. Como hasta ahora, poco se ha conocido de lo que está haciendo el TEG, y muchos de los casos emblemáticos que han llegado a su seno han corrido el mismo destino que la denuncia presentada contra el expresidente. De las facultades oficiosas, nada.

La apatía del TEG en la lucha contra la corrupción se hizo más evidente cuando otras instituciones con esa misma misión comenzaron a ejercer sus funciones de manera efectiva. La Corte Suprema de Justicia y su Sección de Probidad, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Fiscalía General de la República comenzaron a ejercitar sus facultades; con errores en algunos casos, pero caminando. Todo ello contrastaba con el letargo del TEG y la Corte de Cuentas.

Es una pena que las autoridades que en 2012 fueron designadas en el TEG desaprovecharon la oportunidad que se les otorgó. Hoy su período termina y es el momento para que la ciudadanía permanezca atenta a la elección de quienes ocuparán esas cuatro sillas –por años vacías– en el pleno del TEG.

La Asamblea Legislativa, el Ministerio Público, el presidente de la República y la Corte de Cuentas deben elegir a personas con capacidad, probidad, independencia y valor para ejercer sus funciones. Durante 10 años los ciudadanos han financiado de sus bolsillos una institución que poco les ha aportado. Hoy tenemos una nueva oportunidad para despertar al TEG.
 

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