Después de las elecciones hay que pasar de inmediato a un tratamiento serio y realista de la problemática nacional

Y para garantizar la estabilidad nacional y asegurar que el ejercicio del poder político no quede a merced de intereses ideológicos o partidarios, ojalá que el esquema de pesos y contrapesos salga fortalecido de las urnas.
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A nadie escapa que las contiendas electorales son escenarios en los que caben distintas formas de irrealidad, porque los competidores generalmente no tienen límite en lo que ofrecen a fin de obtener ventajas en las urnas. Hasta no hace mucho, eso se daba casi exclusivamente en las campañas presidenciales, en las que se decide la conducción principal del país; pero a la luz del avance en la competitividad democrática, todos los cargos se han venido volviendo importantes en lo referente a los equilibrios de poder, y por eso ahora vemos cómo las campañas legislativas y municipales son verdaderos viveros de promesas y de propuestas de la más variada índole.

La campaña que está llegando ya a sus momentos finales es una prueba fehaciente de ello, especialmente en lo que se refiere a la disputa por la posición municipal más destacada y simbólica del país, como es la ciudad de San Salvador. Hay al respecto una gran cantidad de ofrecimientos, sobre todo por parte de las dos fuerzas políticas de más relieve, que desde que se inició la posguerra son ARENA y el FMLN; y habría que tener en cuenta lo ofrecido no sólo para hacer recuento posterior de lo que se va haciendo realidad sino también para establecer, ya sobre el escenario de las posibilidades reales, lo que podría ponerse en práctica, independientemente de quién lo haya propuesto al calor de la campaña.

Lo cierto es que tanto en los niveles locales como en los ámbitos legislativos hay mucho trabajo pendiente por hacer, en función de la problemática que cada día se complica más y en razón del avance modernizador que requiere impulsos constantes para cumplir con las expectativas ciudadanas y con la lógica misma del proceso. En esta oportunidad, más que en las anteriores, hay real urgencia de pasar de inmediato al plano de los hechos, que es donde la política y los que actúan en representación de ella deben medir sus capacidades y sus voluntades. Se va haciendo claro, con progresiva nitidez sobre todo en el ánimo ciudadano, que hacer política es muy distinto a aprovecharse de la política; y consolidar tal distingo es sin duda una de las tareas democratizadoras principales del momento.

La problemática nacional nos pone a todos ante la responsabilidad inescapable de entrarles en serio a las cuestiones principales que nos comprometen a todos en la ruta hacia el progreso. La seguridad y el crecimiento económico están en primera línea, y son tan evidentes que ya ni siquiera necesitan mención. En ambos aspectos se requieren tratamientos a fondo, que produzcan resultados verificables; y dichos tratamientos deben emprenderse en todos los niveles de la realidad, lo que significa que hay trabajo para las municipalidades, para la Asamblea Legislativa, para el Órgano Ejecutivo y, en general, para toda la institucionalidad.

A partir del próximo 1 de mayo, cuando tomen posesión las nuevas autoridades en los municipios y en el ámbito legislativo, se tendría que activar toda la maquinaria estatal a fin de no perder ni un solo día más en las labores requeridas para que el país avance. Vendrán más de dos años de sosiego antes del próximo período electoral, y hay que aprovechar ese tiempo para dedicarse intensivamente a la solución interactiva de los problemas pendientes.

Y para garantizar la estabilidad nacional y asegurar que el ejercicio del poder político no quede a merced de intereses ideológicos o partidarios, ojalá que el esquema de pesos y contrapesos salga fortalecido de las urnas.

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