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Destapar el despilfarro estatal, independientemente de dónde se dé, es responder al derecho ciudadano de conocer cómo actúan los que ejercen función pública

En estos días se están destapando abusos evidentes en el gasto de instituciones como la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). Darse la gran vida a costa del erario público nunca es justificable, pese a todas las excusas que se esgriman.
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En el país se viene dando en los tiempos más recientes una dinámica de investigación sobre lo que se hace en los entes institucionales con los dineros públicos, y este es un fenómeno de esclarecimiento creciente que responde a lo que demanda el ejercicio democrático, que es desvelador y sincerador por naturaleza. Todo esto va vinculado con la lucha contra la corrupción, que se está volviendo en los hechos lo que debe ser: un ejercicio esclarecedor de conductas, descubridor de vicios y revelador de abusos. Nada de esto se daba en el pasado, y por eso muchas autoridades y funcionarios del presente quieren aferrarse a lo que venía siendo común, aunque fuera contrario a un proceder probo y respetuoso de la ley.

En estos días, ya los viejos recintos de la impunidad no son más capillas intocables; y la mejor muestra de ello es que hay una buena cantidad de procesos investigativos sobre las conductas de personas que han ejercido las más elevadas funciones de poder. Y es que la fuerza del reclamo público ya no puede ser evadida por ninguno de aquéllos que se mueven en el ámbito estatal, y las instituciones encargadas de velar más directamente por la corrección en el comportamiento público se ven impelidas a actuar de veras, como comienza a verse en entes como la Fiscalía General de la República.

La investigación periodística juega y debe seguir jugando un rol decisivo en la tarea de ir sacando a la luz los hechos que merezcan pasar a las investigaciones administrativas y judiciales correspondientes. Los entes estatales encargados de asegurar la ética y la transparencia en el manejo institucional muestran debilidades que, en muchos sentidos, las vuelven inoperantes, porque las resistencias del poder continúan haciéndose sentir; y eso hace que la voz de la ciudadanía, en vínculo directo con la labor de los medios de comunicación independientes, tenga una trascendencia cada vez mayor.

En estos días se están destapando abusos evidentes en el gasto de instituciones como la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). Darse la gran vida a costa del erario público nunca es justificable, pese a todas las excusas que se esgriman. Los funcionarios, sea cual fuere su función y provengan del sector ideológico que sea, están en el deber incuestionable de comportarse con moderación y con sensatez. Y no es cuestión de montos, como pareciera ser para algunos altos representantes del partido oficial, sino cuestión de ajuste estricto a lo que es correcto y pertinente. Calificar de antemano cualquier investigación, por seria y abierta que sea, como una “campaña” con propósitos aviesos es no sólo querer tapar el sol como un dedo sino buscar resquicios artificiosos para que la impunidad siga haciendo de las suyas. Que las autoridades competentes tomen los datos investigados y los pongan en el tamiz de la ley, sin tomar en cuenta las neuras políticas que quisieran desautorizar todo avance esclarecedor.

El Estado se halla en condiciones de alta precariedad en lo que a las finanzas se refiere, y lo que se impone es la necesidad de que haya esquemas y procederes austeros en todo sentido. ¿Con qué legitimidad se puede estar pidiendo más fondos si no hay un propósito firme y comprobable de erradicar todo gasto superficial o frívolo? Todos tenemos que encarrilarnos en la línea de lo debido para que la legalidad y la estabilidad vayan ganando terreno.

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