Detenciones, deportaciones y derechos humanos

El anuncio difundido por numerosos medios de comunicación, relacionado con una serie de deportaciones de grupos familiares de personas centroamericanas en Estados Unidos
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El anuncio difundido por numerosos medios de comunicación, relacionado con una serie de deportaciones de grupos familiares de personas centroamericanas en Estados Unidos, el cual sería impulsado por el Departamento de Seguridad Fronteriza de Estados Unidos y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) causa incertidumbre, preocupación y angustia a nuestros compatriotas de la región y a nosotros aquí en El Salvador.

Y es que las medidas podrían afectar los derechos humanos de las personas migrantes y sus familiares que se encuentran irregularmente en Estados Unidos, ya que las detenciones y deportaciones masivas pueden atentar contra derechos reconocidos en instrumentos internacionales de protección tal como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de las Naciones Unidas, la cual expresa que las personas migrantes no serán sometidas ni individual ni colectivamente a detención o prisión arbitrarias salvo por los motivos y de conformidad con los procedimientos que la ley establezca.

Por eso es importante estar atentos a que los operativos realizados por las autoridades migratorias de Estados Unidos no se extiendan a la detención de personas que no posean órdenes judiciales de deportación y que en los procedimientos realizados se garantice el debido proceso; además es necesario instar a las autoridades responsables a respetar los principios internacionales de garantía de los derechos humanos: el respeto a la unidad familiar y las necesidades de protección internacional de las familias; así como brindar un trato digno a las personas, especialmente cuando se trata de mujeres, niños, niñas y adolescentes, sobre todo cuando hayan sido separados de sus familias. Asimismo, espera que no se afecte a familiares que han migrado a causa de la violencia, pues su deportación podría poner en grave riesgo sus vidas al retornar a sus países de origen.

Abordar el fenómeno migratorio como un problema de seguridad nacional solo genera en los países de tránsito y destino políticas migratorias que tienden a criminalizar a la persona migrante, generando violaciones de los derechos humanos, sin resultados efectivos para prevenir y disminuir la migración irregular. Es oportuno recordar que este tipo de enfoque securitista de la migración en el pasado ha afectado derechos humanos de las personas migrantes, no solo en Estados Unidos de América sino también en México, desde donde se producen igualmente cada año deportaciones masivas hacia Centroamérica.

Ahora es momento para abogar y acompañar las iniciativas regionales que, desde la perspectiva de la responsabilidad compartida, buscan impulsar políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos y la búsqueda del desarrollo de condiciones dignas de vida que prevengan la migración en los países de origen.

Es fundamental que el Estado salvadoreño provea apoyo presupuestario suficiente al Consejo Nacional para la Protección de las Personas Migrantes y sus familias (CONMIGRANTES), entidad con mandato de ley para impulsar políticas integrales de reinserción para las miles de personas deportadas, pero que hasta hoy ha carecido de respaldo financiero suficiente.

Es oportuno reconocer positivamente que las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador hayan realizado acciones tendentes a informar sobre sus derechos a la población salvadoreña en Estados Unidos, así como activado con urgencia la red consular salvadoreña en aquel país, con el fin de brindar servicios de atención y protección a las familias afectadas.

No olvidemos que ningún ser humano es ilegal, los derechos humanos son de todos y todas, en todas partes.

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