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Detractores irredentos

Las pasadas elecciones legislativas y municipales –que después de un mes todavía arrastran anomalías de diferente naturaleza– no fueron ajenas al escrutinio internacional.
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Juan Héctor Vidal / Columnista de LA PRENSA GRÁFICA

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No solo fueron seguidas de cerca por observadores independientes o acreditados por organismos que velan por la transparencia del proceso y cuya participación siempre es bienvenida –contrario a lo que ocurre en países donde gobiernan dictadores como en Nicaragua y Venezuela–, sino también por otros actores que se nutren de información poco fidedigna, cuando no maliciosamente distorsionada, por razones ideológicas.

Este puede ser el origen de la carta que un grupo de congresistas de Estados Unidos dirigió el 20 de febrero pasado al entonces secretario de Estado, señor Rex Tillerson, alertándolo de algunas actuaciones de la Sala de lo Constitucional que, según ellos, han sobrepasado sus atribuciones constitucionales. Llama la atención que se refieran a sentencias cuestionadas por el presidente del TSE (conformación de la papeleta de votación e independencia partidaria de sus jueces), ambas en respuesta a demandas ciudadanas y no como producto de un capricho de la Sala, como lo ha dado a entender el referido funcionario, con el no disimulado propósito de desviar la atención de su cuestionable desempeño en la conducción de los últimos ejercicios electorales. Lo grave es la conclusión de los señores congresistas: con ello se ha “alterado significativamente la integridad del proceso electoral, que es esencial en cualquier democracia”.

Que esa apreciación sea acompañada de señalamientos hacia la señora embajadora Manes por apoyar las actuaciones de la Sala –comprometiendo la neutralidad y el principio de no intervención, también, no cabe duda– es parte de esa campaña difamatoria. Ese apoyo también lo han manifestado reiteradamente otros embajadores de países democráticos y, la mayoría, no vemos en esto algo ilegal, especialmente cuando está de por medio el respeto al Estado de derecho, el combate a la corrupción y la transparencia con que debe manejarse la cooperación internacional. Desafortunadamente, en los intentos de desacreditar el trabajo de la Sala, para entorpecer el control constitucional, han participado también expresidentes de la Asamblea Legislativa, altos dirigentes del partido en el poder y hasta el propio presidente de la República.

Ante ese poco informado pronunciamiento de los señores congresistas, el Consorcio para la Transparencia y el Combate contra la Corrupción se dirigió el 14 de marzo al señor Tillerson, para aclararle el papel fundamental que ha jugado la Sala de lo Constitucional para preservar la división de poderes, apuntalar la institucionalidad democrática, velar por la transparencia y, en general, consolidar el sistema de libertades. Todo ello, dentro del mandato de la Carta Magna que le obliga a ejercer el control constitucional, para evitar los excesos de los otros poderes del Estado.

Entendemos las buenas intenciones que subyacen en la nota dirigida por los congresistas al secretario de Estado, pero lamentamos que hayan sido sorprendidos en su buena fe. Consecuentemente, consideramos que nos asiste el derecho de alertarlos sobre el daño que se le puede causar a nuestra democracia, al aceptar, sin reservas, críticas al sistema provenientes de personas totalmente plegadas al socialismo del siglo XXI. En cambio, sí hay muestras contundentes de la intromisión abusiva de Cuba y Venezuela en nuestros asuntos internos. A la mayoría nos tiene sin cuidado que estos personajes se plieguen a gobiernos dictatoriales, pero sí nos importa que desprestigien a nuestro país, por razones estrictamente ideológicas.

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