Lo más visto

Deudas legislativas para modernizar la gestión pública

Reglas claras, seguridad en los trámites, transparencia, justicia accesible, cero arbitrariedades, funcionarios al servicio del ciudadano: es la aspiración de todo salvadoreño.
Enlace copiado
Deudas legislativas para modernizar la gestión pública

Deudas legislativas para modernizar la gestión pública

Deudas legislativas para modernizar la gestión pública

Deudas legislativas para modernizar la gestión pública

Enlace copiado
Alcanzar este ideal es uno de los grandes retos que enfrenta El Salvador, y la pregunta es ¿qué hacer para modernizar la gestión pública? Se debe contar con una Ley de Procedimientos Administrativos, una nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y la Ley de la Función Pública, lo que constituiría un paso importante para tal fin, y que a la fecha son deudas legislativas. No basta el discurso, pues se requiere del compromiso y voluntad política para la aprobación de dichas leyes.

El anteproyecto de Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) tiene más de 22 años de ser una propuesta y fue hasta recientemente que la Sala de lo Contencioso Administrativo retomó el esfuerzo. Esta ley aplicaría para el Ejecutivo, autónomas y otros órganos del Estado, cuando ejercen potestades administrativas, y vendría a ordenar y uniformar los distintos trámites que existen, en donde encontramos procedimientos dispares, confusos, duplicidad de requisitos, etcétera. Además, podría frenar arbitrariedades que se dan en algunas oficinas públicas, en donde el funcionario o empleado de turno, bajo su libre criterio y sin base legal, dispone establecer requisitos adicionales. La LPA dotaría de certeza jurídica al establecer reglas uniformes en aspectos tales como procesos, plazos y recursos; además, ayudaría a reducir los espacios de discrecionalidad que son propicios para la corrupción. Solo El Salvador y Nicaragua no cuentan en América Latina con este tipo de normativas.

La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA), de 1978, regula el proceso judicial para demandar a la Administración Pública cuando se cometen actos administrativos ilegales. Esta ley debe actualizarse, ya que su procedimiento es aún escrito, y solo se cuenta con un único tribunal, que es la Sala de lo Contencioso Administrativo, lo cual afecta el acceso a la justicia. Dicha Sala, en 2014 presentó un anteproyecto de LJCA en un congreso académico, el cual incorpora la oralidad; desconcentra la justicia administrativa al adicionar tres juzgados y una cámara, y en términos generales vendría a fortalecer el control judicial sobre los actos administrativos.

Asimismo, es impostergable que se apruebe la Ley de la Función Pública (LFP), la cual vendría a establecer procedimientos transparentes basados en el mérito y capacidad para contratar a los mejores servidores públicos, sustituyendo a un régimen obsoleto del servicio civil que no ha dado los resultados esperados. El anteproyecto fue preparado con apoyo de la cooperación internacional durante el anterior Gobierno, pero nunca le dio iniciativa de ley, a pesar de haber sido elaborado con rigor técnico y ampliamente consultado, sino que se le dio por medio de un diputado que se había declarado independiente, pero no tuvo ningún movimiento en la Asamblea Legislativa. Con el actual Gobierno sucede lo mismo y no se ve algún interés de que se promueva la aprobación de la ley. La LFP beneficiaría a la ciudadanía, porque si el Estado tiene mejores recursos humanos se recibiría un mejor servicio público.

No se debe perder de vista que el Estado está en la obligación de procurar el interés general y de brindar un servicio público de calidad a la ciudadanía, el cual debe enmarcarse estrictamente en la legalidad, bajo criterios de transparencia, eficacia y eficiencia. Es por ello que es vital que se aprueben a la brevedad las tres leyes comentadas, las cuales tendrían un impacto positivo en la modernización de la gestión pública y por ende en las personas, que es a quienes se debe por completo el Estado.

Tags:

  • seguridad
  • transparencia
  • ley
  • funcion publica
  • csj

Lee también

Comentarios